Solo uno de los tres intrusos del ERE de Saldauto declaró ayer ante la jueza Mercedes Alaya, que investiga el presunto fraude en expedientes de regulación de empleo subvencionados en los que Empleo detectó 72 falsos prejubilados. Rafal Rodríguez Fuentes, que se benefició de una póliza de Saldauto pese a que nunca trabajó allí, alegó que pensó que cobraba del ERE de Muebles Promi, empresa a la que perteneció durante 30 años aunque fue despedido dos años antes de aprobarse el expediente. Según su declaración, tanto los representantes de los trabajadores de Promi como el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, le dijeron que tenía derecho legal a ser incluido. Por ello se ve "afectado él y su familia por esta situación tan bochornosa provocada por la Junta" pero no se considera culpable ya que "la Junta le ha metido en otro ERE que no es el suyo".
Reconoció percibir, desde 2007 y hasta que se interrumpieron los pagos en diciembre de 2010, 1.800 euros mensuales que usó "para vivir" y montar, junto a otro de los intrusos en el ERE de Saldauto y extrabajador de Promi -Antonio González Pérez, que se negó a declarar- la empresa de fabricación y venta Muebles Don Formón en Cabra (Córdoba), que "va mal" pero la mantienen para seguir cotizando como autónomos con vistas a la jubilación. Para montarla usó la indemnización de su despido pero también recibió una ayuda pública de 3.000 euros y subvenciones por dar cursos de formación, 26.000 euros el año pasado y 51.000 éste que "aún no ha cobrado".
Rodríguez se enteró por sus compañeros de Promi del ERE "cinco o seis meses" después de su despido y acudió, convocado por los representantes de los trabajadores, a dos reuniones en Córdoba y Sevilla en las que se dijo -no aportó nombres- que los despedidos como él podían acogerse. Guerrero -principal imputado y al que dijo solo conocer de una visita a Promi cuando él era miembro del comité de empresa por UGT- le "llamó personalmente" y a iniciativa propia para decirle que conocía su situación y ratificarle que tenían derecho a acogerse al ERE. Acudió, junto a Antonio González, tres veces a su despacho: la primera tras su llamada, la segunda para llevar la documentación que les pidió y la tercera para firmar la póliza, de la que no tiene copia y que no vio que correspondiera Saldauto.
El caso ERE volvió ayer al rifirrafe político. El PP apuntó que los consejeros de Economía y Hacienda, Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo, conocían ayudas bajo sospecha dadas por el IFA. Y afeó a la Junta que oculte al Parlamento las actas requeridas por la jueza. La Junta respondió que "los secretos mejor guardados no están en las actas sino en los sueldos de dirigentes del PP".
