El Juzgado de Instrucción 14 de Sevilla mantiene abierta desde 1995 una investigación por supuestas irregularidades en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de una empresa sevillana, hechos por el que están acusadas tres personas, un empresario y dos miembros del comité de empresa. Aunque este caso no pertenece al sumario que instruye la juez Mercedes Alaya sobre las ilegalidades detectadas en varios ERE, sí supone otro fraude con ayudas públicas que tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio de Trabajo entregaron para la prejubilaciones. Además, en esta empresa trabajó Francisco José González García, el comercial de Vitalia detenido por su implicación en el fraude de los ERE.
La Junta ha admitido hasta ahora la existencia de 37 intrusos en 30 de los 45 ERE que aún están vivos. Hasta ahora se han mirado expedientes desde el año 2001, pero no se descarta llegar hasta 1999 que es cuando nombran director general de Trabajo a Francisco Javier Guerrero, que es el que autorizaba las pólizas y quien habló en su declaración ante la Policía de un "fondo de reptiles". El caso de 1991 demuestra que ya se habían producido hechos similares mucho antes y que incluso había habido denuncias de la propia Junta de Andalucía.
Industrias Subsidiarias de Aviación (ISA) era una de las empresas más importantes del tejido industrial de Sevilla. Según consta en el escrito de calificación del fiscal, al que tuvo acceso este periódico, la empresa recibió del Ministerio y de la Junta "una subvención para un reajuste de plantilla, mediante la financiación de un plan ya concertado de jubilaciones anticipadas".
Para ello se estableció "una póliza de seguro de 4,4 millones de euros, de los que 903.614 euros los pagaba la empresa y el resto, "dada la situación de suspensión de pago", entre el Ministerio y la Junta (que aportaba 2,6 millones de euros). Así, en diciembre de 1990 se depositaron en una cuenta los 3,5 millones de euros de la subvención. Sin embargo, en mayo de 1991 se firmó una póliza de 1,4 millones de euros, justificándose la diferencia entre ambas cantidades "en una disminución de la cobertura de la póliza". Sin embargo, el fiscal asegura que "se desvió a distintos fines, no bien precisados". La Junta se querelló en 1995.
El caso aún no ha sido juzgado debido, según fuentes judiciales, a que la responsabilidad civil se le ha reclamado a CC.OO, a la que pertenecían los miembros del comité, y por ello se le han tenido que embargar varios inmuebles para poder hacer frente al pago. Y es que el fiscal, teniendo en cuenta que los hechos son anteriores a la reforma del Código Penal de 1995, reclama para cada uno de los acusados tres meses de arresto domiciliario y una multa de 3.005.062, 52 euros, además de la devolución de las cantidades desviadas.
Se da la circunstancia, de que en 1993 la Junta volvería a comprometerse a financiar un ERE de esta empresa, que afectó a 237 operarios. En esa ocasión, formaba parte del comité de empresa que lo negoció Francisco José González García, que es uno de los que firma el acuerdo del expediente de 1993 y él se acoge al mismo.
González García, que entonces pertenecía a CCOO (siempre fue el sindicato mayoritario en ISA) se marchó tras el ERE a la empresa Medicalia, que es la actual Vitalia. Esta empresa llegó a ISA de la mano del comité ofreciendo a los trabajadores la tramitación de una incapacidad laboral, para lo que reclamaron 3.600 euros a cada uno de ellos. Como comercial de Vitalia, González García se dedicó a buscar empresas y ofrecerles un ERE para rejuvenecer plantilla, con la ayuda de una póliza. Según reconoció en su declaración como detenido, él incluyó el nombre de Carmen Fontela en el ERE de Mercasevilla de 2003, aunque no llegaron a realizarse pagos, y en el de Río Grande en 2005, en el que se le abonaron 150.000 euros. Todo ello con el supuesto asesoramiento de Juan Lanzas. Según la Policía, los dos se repartieron los pagos a Fontela.
Más investigaciones en Mercasevilla y Río Grande
La investigación de la Policía Judicial sigue avanzando en los expedientes de regulación de empleo de Mercasevilla y del restaurante Río Grande. María del Carmen Fontela, que aparece incliuda en el ERE de Mercasevilla de 2003 -del que no cobró- y posteriormente en el del restaurante ya ha declarado como detenida. Además, se ha requerido a la dueña de la empresa hostelera, María del Carmen García Sánchez. De Mercasevilla aún no han sido citados a declarar ni el presidente del comité de empresa ni el actual director gerente, a los que señala la Policía Judicial en su informe. El actual responsable de Mercasevilla, Juan Carlos Recio, sí ha remitido un escrito al Juzgado que incorpora una vida laboral que le desvincula de la "trama" de la que la Policía le hace partícipe en 2003. Recio entra en Mercasevilla en 2004 y no aparece en el primer ERE de la empresa de mercados, aunque sí en el segundo, que firma como responsable de Recursos Humanos. Según fuentes consultadas, tampoco el ex delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, que aparece señalado, ha sido citado para declarar.
