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Un juez obliga a Zoido a dar al PSOE la información sobre los talleres de distrito

El PSOE reclama todos los documentos de talleres del Cerro-Amate ante las "dudas sobre las facturas y las contrataciones".

el 05 mar 2014 / 20:18 h.

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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Sevilla  ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el Grupo  Socialista de Sevilla y ordena al Ayuntamiento, gobernado por Juan  Ignacio Zoido (PP), que entregue copiar de las facturas y de los  anexos en los que figuran los nombres de los monitores y  coordinadores que prestan servicios en las empresas adjudicatarias de  los talleres socioculturales de los distritos 2011-2012. Así, ha  anulado las once resoluciones de los once delegados de los distritos  en las que se denegaba la citada información. En rueda de prensa, junto al concejal socialista Juan Manuel  Flores, el portavoz adjunto del grupo municipal, Antonio Muñoz, ha  asegurado que esta sentencia supone un "varapalo y un mazazo a la  supuesta transparencia de la que Zoido asegura ser adalid", ya que  recuerda que en el fallo se indica que se ha vulnerado el artículo 16  del Reglamento de Organización Funcionamiento de las Corporaciones  Locales y el artículo 32 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de  Sevilla. Así, asegura que crea jurisprudencia, por lo que no sólo pide la  ejecución de la sentencia para dar información sobre "la trama de  enchufes con la contratación en estos talleres de más de 30 personas  vinculadas al PP, a Nuevas Generaciones o la familia de éstos", sino  que se dé toda la información relativa a otros asuntos, mencionando  la Copa Davis o proyectos urbanísticos, como los de la Puerta de la  Carne, Fundición o la Estación de Cádiz. De este modo, espera que el fallo suponga un "antes y un después"  en el "oasis de opacidad" del Ayuntamiento, ante la "ocultación de  información y en la obstaculización de la labor de la oposición".  Así, deja claro que si se niegan copias de los expedientes, de las  facturas o de la documentación de las juntas de gobierno se estudiará  recurrir a los tribunales, pese a que ha lamentado tener que acudir a  esta vía a la que llega "porque no hay otra opción". Muñoz afirma que si esa "falta de información" también existía en  mandatos anteriores "también nos parece mal", pero lamenta que el  equipo de gobierno actual "se dedique a presumir de que esto es un  gobierno de luz y taquígrafos porque eso es completamente falso". De  este modo, exige toda la documentación "que se han reclamado durante  los últimos años y que se han denegado, así como que se modifique la  circular aprobada por este gobierno por la que se deniegan las copias  de los expedientes de las juntas de gobierno y se impide el acceso a  la información antes de su celebración". Por su parte, Flores menciona entre los ejemplos de "falta de  transparencia" la situación de los talleres socio-culturales del  distrito Cerro-Amate y exige la documentación que "permita aclarar  las serias dudas" en torno a las contrataciones, el periodo que  transcurrió entre la finalización de un programa y la siguiente  adjudicación y las facturaciones de los primeros gastos del mes de  diciembre de 2013. "Los talleres de Cerro-Amate fueron los únicos que no comenzaron  en su momento. No se prorrogaron y el concurso salió con meses de  retraso, pese a que desde el Grupo Socialista denunciamos en varias  ocasiones esta situación así como el incumplimiento de todos los  plazos que se iban dando para el inicio de los cursos", explica.  Flores detalla que antes de la adjudicación a la nueva empresa "se  difundió la programación y hasta los monitores que iban a realizar  los trabajos". Según relata Flores, "incluso se llegó a empezar a atender a los  ciudadanos cuando aún estaba el concurso público abierto, una  situación que el gobierno de Zoido justificó alegando que se trataba  de voluntarios". "Y, para finalizar, en las facturas por las horas de  trabajo de los coordinadores encontramos que entre el 13 y el 31 de  diciembre de 2013 se facturaron más de 1.000 horas de trabajo,  mientras que los monitores alcanzaron las 1.072 horas, lo que supone  más de 14 horas diarias por coordinador y más de 48.000 euros, una  cifra superior a la que se facturó en enero a pesar de que se  trabajaron más días", recalca, tras incidir en que son situaciones  que "deben clarificarse y que esperemos que se aclaren con esta  sentencia".

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