La jueza Mercedes Alaya, que instruye la causa del supuesto fraude en las ayudas de Empleo de la Junta, ha dado un nuevo giro al caso ERE al poner bajo lupa un nuevo fondo de 18 millones de euros que, según ha alertado la Intervención General del Estado, podrían haberse concedido también saltándose los cauces administrativos y con cargo a otras partidas. Esto se desprende de un auto de Alaya, firmado el 23 de mayo, en el que se refiere a tres programas bajo sospecha: Fomento Industrial, Desarrollo Tecnológico yServicio Andaluz de Empleo. Alaya ha dictado el levantamiento del secreto de sumario y las partes esperan la notificación, con lo que saldrá abundante documentación a la luz. La jueza también reclama a la Junta el listado completo de intrusos en los expedientes de regulación de empleo. La información, desvelada ayer por varios medios, elevó el tono del PP, que se preguntó cuántos fondos de reptiles existen en la Junta.El PSOE-A salió al paso en defensa del presidente andaluz, José Antonio Griñán, para subrayar que en la etapa 2000-2004 que se corresponde con las nuevas ayudas investigadas el dirigente socialista aún no estaba en el Gobierno. Entró en 2004 como consejero de Economía.
La vicesecretaria de Ordenación del Territorio y portavoz de Vivienda del PP andaluz, Alicia Martínez, se preguntó cuántos fondos de reptiles de la Junta quedan por conocer después de que, según explicó, la Intervención General del Estado en el marco de la investigación que dirige la jueza Mercedes Alaya, haya detectado que desde la administración autonómica se han estado dando otras subvenciones y ayudas sin ningún tipo de control con cargo a otras partidas diferentes a la 31L que fue la que el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados, denominó fondo de reptiles.
Martínez tachó de gravísimos esos nuevos datos y puso el énfasis en que la jueza Alaya se dirigió a la Intervención General del Estado para fiscalizar las ayudas de Empleo porque no se fiaba de la investigación que pudiera hacer la Junta. La popular se preguntó cuántos fondos de reptiles hay en el marco del mayor escándalo de la historia de la democracia en España.
Además, Martínez reveló que en la pieza del sumario de este caso que hasta esta semana ha permanecido bajo secreto y que ya se ha notificado a la Fiscalía, figura una diligencia sobre el despacho de abogados Villasís en la que se afirma que la Junta tenía documentación importantísima que no entregó pese a ser requerida y guardó en su poder durante aproximadamente un año. Esto se llama obstrucción a la Justicia, advirtió la portavoz del PP-A, que acusó a la Junta de haber ido parapetando y obstruyendo la labor de la Justicia.
El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, defendió que la investigación que insta la jueza es de 2000-2004, momento en el que el Griñán no tenía ninguna relación con la administración de la Junta. Aseguró que quieren que la justicia funcione, que cuanto antes la instrucción lleve a buen puerto, se pueda abrir juicio oral, se establezcan las responsabilidades y se recuperen los recursos públicos.
