Cuatro agentes de la Policía Local desfilaron este lunes ante la jueza que investiga la supuesta trama del cobro de tasas municipales, tres de los cuales negaron conocer los hechos que se les imputan. Sólo uno admitió que realizaba "trabajos extras" para colocar vallas para el paso de grúas fuera del horario de servicio, pero sin utilizar el uniforme ni ningún medio de la Policía Local y, lo más importante, sin cobrar ningún tipo de tasa municipal. Otras dos personas, un empleado de una gestoría de retirada de multas y el gerente de una empresa de grúas, también prestaron ayer declaración ante la magistrada.
Fuentes del caso explicaron que uno de los cuatro agentes que declararon en el Juzgado de Instrucción número 8 dijo que él como "peón" realizó algunos "trabajos" de carga y descarga de vallas para facilitar el paso de grúas, aunque aclaró que en ningún momento cobró tasas municipales por ello. Además, añadió que estas labores las realizó sin vestir el uniforme y sin distintivos oficiales y siempre utilizando material que no pertenecía al Ayuntamiento. El agente destacó que eran unos trabajos que realizaba fuera del horario de servicio, "como muchos otros" policías, pese a que cualquier actividad que suponga un ingreso es incompatible con su profesión, según las normas de la Policía Local.
Los otros tres agentes que declararon, en cambio, negaron cualquier relación con esta supuesta trama apuntando cualquier posible responsabilidad a otro policía, ya fallecido, que supuestamente era el que buscaba el trabajo con las grúas, ya que supuestamente era el cabecilla. Uno de ellos llegó a decirle a la jueza que dedica su tiempo libre a "montar en bicicleta y a jugar al fútbol". Otro de estos agentes es un subinspector de la Policía Local que la jueza cree que conocía la actividad ilícita de los agentes imputados, una acusación que ayer negó. Él, que ya está jubilado y que recibió recientemente una distinción en el día de la Policía Local, explicó que conocía desde hace muchos años al agente fallecido -que se llevó bastante tiempo de baja debido a una enfermedad-, pero no sus posibles actividades ilegales.
Las otras dos personas que declararon son el empleado de una gestoría especializada en quitar multas y uno de los responsables de la empresa Grúas Lozano, que se acogió a su derecho a no contestar a las preguntas de la jueza y la Fiscalía, por lo que sólo respondió a su abogado.
En principio, todos los implicados en esta supuesta trama están imputados por un delito de cohecho. Además, gran parte de los agentes, una decena en total, pertenecen a la unidad motorista, aunque fuentes del caso explicaron que algunos de ellos no pertenecen a este grupo, sino que estarían relacionados con trabajos administrativos.
La investigación por el supuesto cobro tasas ilegales, destapada por este periódico en marzo del año pasado, se inició en septiembre de 2009 a raíz de la detención de un agente de la Policía Local en el marco de una investigación por tráfico de droga, en la que se intervinieron 1.500 kilos de hachís. Las escuchas y los registros que se realizaron entonces al policía en el marco de estas diligencias abrieron otra línea de investigación totalmente distinta y centrada en el cuerpo de la Policía Local.
Para esclarecer lo ocurrido se creó una unidad interna encargada a un oficial y a dos agentes, bajo la supervisión del entonces jefe de Policía, José Aulet. Por esta unidad pasaron a declarar como testigos más de una treintena de agentes y se incautaron media docena de ordenadores, que fueron investigados. Las pesquisas iban destinadas a esclarecer si se habían producido irregularidades en la gestión de la tasa municipal por prestación de servicios de grandes transportes y paso de caravanas. Una cantidad que se abona por las labores de escolta y regularización del tráfico para facilitar el desplazamiento de un vehículo de gran tonelaje por la ciudad, y que tiene un coste aproximado de 100 euros, según confirmaron algunas empresas del sector en su día.
Estas investigaciones dieron como fruto la existencia de una supuesta trama formada por un grupo de agentes, de forma aislada, prestaba estos servicios sin autorización, fuera de los horarios de trabajo y de paisano o usando los uniformes de forma indebida. El dinero que abonaban las empresas supuestamente no llegaba al Ayuntamiento, ya que los pagos se negociaban entre los agentes y la empresa de grúas.
La investigación llegó a frenarse durante un tiempo, incluso se barajó archivarla, al conocerse que el que podría ser el cabecilla de la misma había fallecido. Él sería quien efectuó los cobros a las empresas y que hicieron que en años, como en 2009, el Ayuntamiento sólo ingresara por este concepto 2.500 euros, frente a los 10.000 de 2010.
