El economista imputado por las supuestas irregularidades en el concurso de Mercasevilla negó ayer que éste estuviera manipulado y que algunas de las cláusulas sobre las que se centran las sospechas sean ilegales. La técnico que dijo a la Policía que su valoración se cambió se negó a declarar.
La juez del caso Mercasevilla tomó ayer declaración al economista que participó en la valoración del concurso para la venta de los suelos, uno de los cuatro imputados en las diligencias abiertas por este motivo, quien negó las irregularidades que días antes confesó una de los técnicos imputados a la Policía Judicial y que ayer no quiso ratificar ante la magistrada, acogiéndose a su derecho a no declarar.
José Antonio Ripollés dijo que no compartía la "limitación" que suponía la cláusula que se incluyó en el pliego de condiciones penalizando el alza de la oferta. Aunque acabó su testimonio asumiendo que tiene cierto sentido como medida para evitar la especulación dado que estaba previsto reservar un 40% de los pisos a VPO: "Esta cláusula podría obedecer a la finalidad de que el precio final de las viviendas libres al consumidor fuera más barato". Este nuevo criterio se introdujo al ser interrogado sobre otros concursos públicos en los que se usa este mismo criterio.
Así ocurre, según ha podido comprobar este periódico, en concursos públicos realizados por la empresa pública autonómica de suelos Epsa. "No se admitirán -recoge un pliego general de la empresa autonómica aportado al juzgado- precios al alza que supongan una temeridad o riesgos en la ejecución de la promoción entendiendo que éste se da cuando el alza de una oferta sobrepase en 10 puntos la media de las alzas porcentuales recibidas para cada parcela". En el caso de la propia Gerencia de Urbanismo, en concursos como los de una promoción de San Jerónimo incluye la limitación al alza, aunque en este caso no de forma tan drástica como Mercasevilla.
Pese a esto la juez entiende que esta cláusula es contraria al "interés general", "antieconómica" y que no aparece en la Ley y en el Reglamento de Contratos del Estado. La defensa quiere que se abran dos interrogantes que cuestionen esta premisa. Por un lado: ¿qué es el interés general, el mayor número de ingresos posibles o el establecimiento de unos límites para que el precio del suelo no repercuta en las VPO? Por otro: ¿quién propuso esta cláusula? En este segundo caso, Ripollés señaló a Antonio Rodrigo Torrijos, al que atribuyó esa propuesta en un consejo de administración al que reconoce no haber asistido y al que también aludió el vicesecretario de la empresa, también imputado, Jorge Piñero. Pese a esto, el establecimiento de medidas para detener la especulación contó con el respaldo de los técnicos y de los partidos. El propio ex presidente de Mercasevilla, Gonzalo Crespo, en el Pleno de noviembre de 2005, lo subrayó en una sesión ya relatada por este periódico en la que realizó la siguiente afirmación: "El precio responde al del mercado porque no se ha querido entrar en especulaciones".
En cuanto a la otra cláusula sobre la que la juez está investigando -la titularidad previa-, que también pasó por los distintos órganos de gobierno, el economista señaló que "era una ventaja sobre el resto de los ofertantes", aunque fuentes jurídicas consultadas ayer por este periódico, indicaron que dada la redacción de la misma se podían acoger a ella otras empresas. A Sando le benefició esta cláusula porque con anterioridad al concurso había suscrito un derecho de superficie que para la juez "no estaba legalmente constituido" por no estar inscrito, lo que a juicio de las mismas fuentes, no es requisito imprescindible.
Ripollés explicó que no tuvo participación en la redacción de estos puntos del pliego de condiciones, añadiendo que de no haber existido, "hubiera ganado Noga", cuya oferta era superior a la de Sando (158 millones de euros frente a 107 millones).
Asimismo, el economista, que aclaró que no es funcionario y que como profesional libre inició su relación con Mercasevilla a raíz de un informe que le encargaron en 2004, dijo que él se limitó "exclusivamente a la fijación del precio de compraventa y el índice de revisión anual", sin que le conste la participación de Mercasa en este proceso, como dijo Piñero en su declaración. Además, negó que éste y Fernando Mellet , ex gerente e imputado, le influyeran en el informe que elaboró, todo lo contrario que relató a la Policía Judicial María Victoria Bustamente. La técnico afirmó que entregó su informe a Mellet para que lo pasara a ordenador y al día siguiente "habían cambiado las valoraciones". Fue entonces cuando llamó a Piñero, quien le dijo que "si seguía ganando Sando, que lo firmase". La juez ha citado a declarar al jefe de la Policía Judicial para que ratifique esta declaración.
Sin embargo, ayer Bustamante se acogió a su derecho a no declarar por recomendación de su abogado, José María Calero, quien declaró a la prensa que en el sumario "no ha cometido ninguna conducta delictiva" y que en el caso de que detecte alguna posible incongruencia "podrá declarar para aclararlo ante la juez". Además, dijo que no se explica como una funcionaria que "incluso ha sido premiada, se vea metida en este lío".
En contraste con el testimonio de Bustamante, Ripollés incluso aludió a un informe encargado al Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Económicas de Sevilla en el que se marcaron los baremos para la puntuación de las ofertas presentadas. Eso sí, tuvo que justificar que como muchos otros participantes en el proceso de venta de los terrenos, él también realizó donaciones a la Fundación Mercasevilla. Cuando fue testigo ya aclaró que dio 10.000 euros en ropa que justificó por el cierre de la empresa de un familiar, y ayer defendió un pago de 3.000 euros, como miembro de la firma Forcadell Rigal.
