La comparecencia del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en los diálogos de El Correo celebrados ayer bajo el patrocinio de Azvi sirvió para hacer una disección exacta de cuáles son las razones que pueden existir para que se vaya a producir mañana una situación inédita en nuestro país: una huelga de jueces. Bermejo no es un político al uso de los que buscan eufemismos para describir los conflictos. Es más, su estilo directo le ha granjeado unas relaciones aún más difíciles de lo acostumbrado con la oposición del PP.
Pues bien, con los jueces ocurre algo similar. Se podrá o no estar de acuerdo con él, pero no le puede negar que dice lo que piensa. Y bien que lo demostró cuando criticó la sanción del Poder Judicial a Rafael Tirado por su actuación en la gestión de la condena a Santiago del Valle, el supuesto asesino de la niña Mari Luz. Ayer lo volvió a repetir, y también advirtió que el paro que pueden protagonizar mañana algunos togados de España puede terminar degradando la imagen de los jueces ante la opinión pública española.
Bermejo subrayó que la convocatoria y los propios servicios mínimos son ilegales y apuntó un dato en el que deslizaba la singularidad de esta huelga: en estos tiempos de crisis en los que vivimos, hay tres colectivos que han llevado sus conflictos laborales hasta este punto: los pilotos de Iberia, los controladores aéreos y ahora los magistrados. Con eso queda dicho casi todo de una huelga que, por cierto, convocan sólo las dos asociaciones minoritarias del sector y las asambleas de poco menos de la mitad de las capitales del país. No se le debe de negar a los jueces su necesidad de que se les escuche y hasta que tengan razón en su solicitud de más medios para trabajar y evitar el colapso de la Justicia, pero deberían de reflexionar sobre el instrumento que piensan utilizar, pues, como dijo ayer el propio Bermejo, una huelga puede hacer "crujir" el marco institucional y tras ella "nada va a ser igual".
