La juez que investiga el atropello mortal de Hytasa tiene en sus manos un informe de Urbanismo, en el que éste deja claro que las obras de la avenida se habían entregado a final de abril y que los semáforos se habían colocado en la primera quincena de mayo, días antes del suceso (28 de mayo). Sólo quedaba entonces que estos funcionaran, lo que dependía de Movilidad.
La pelota vuelve a estar en el tejado de la concejalía de Francisco Fernández. El informe elaborado por los técnicos de la Gerencia de Urbanismo sobre las circunstancias del atropello mortal de una mujer en la Avenida de Hytasa con el cruce de la calle Galicia, ocurrido el 28 de mayo, deja claro que la responsabilidad de que los semáforos funcionaran correctamente era de una empresa, SICE, dependiente de Movilidad.
Fuentes judiciales han explicado que dicho documento fue entregado a la juez que investiga la causa el pasado 25 de junio para que se adjunte a las diligencias que, según las mismas fuentes, ya están muy avanzadas e incluso no se descarta que en pocos días se produzca alguna imputación. El documento, fechado el 13 de junio, ha sido elaborado por los técnicos de la Gerencia y cuenta con la rúbrica del jefe de la Unidad del Plan de Barrios y por el director facultativo de la obra, realizada por Aguilera Nogales. Posteriormente, se elevó a la Comisión Ejecutiva de la Gerencia que, tras darle el visto bueno, lo remitió al Juzgado de Instrucción número 19.
El argumento de Urbanismo para eludir la responsabilidad, y una posible imputación, es la finalización de los trabajos que se venían realizando. Los técnicos explican que a final de abril, un mes antes de que ocurriera el trágico suceso, la obra estaba entregada y que los semáforos, que no funcionaban cuando la funcionaria de Bienestar Social fue atropellada, también estaban colocados. Su funcionamiento compete a una empresa encargada de la regulación semafórica en la ciudad, SICE, que, a la postre, está bajo la responsabilidad de Movilidad. Así, el documento insiste en que el semáforo estaba colocado casi quince días antes del accidente, de lo que se dio debida cuenta a Tráfico para que procediera a su puesta en marcha.
Ahora la juez tiene en su poder tanto el informe que entregó Movilidad en su día como el de Urbanismo, con lo que tendrá que estudiar sí realmente existió algún tipo de negligencia en la actuación municipal o, si por el contrario, fue únicamente del camionero.
El accidente en el que perdió la vida Concepción González Gutiérrez, de 57 años, abrió una brecha en el seno del Gobierno municipal, al enfrentar a las delegaciones de Movilidad y Urbanismo, por la posible responsabilidad. Sin embargo, tras tirarse los trastos a la cabeza, el propio Francisco Fernández, aseguró en el Pleno del pasado 20 de junio -ya entonces el informe de la Gerencia estaba concluido- que no creía que la delegación que dirige Emilio Carrillo tuviera responsabilidad en el atropello.
El edil dijo que el suceso fue "un tráfico accidente" y mantuvo que pese a no funcionar toda la señalización, la horizontal "fue eficaz, porque sirvió para que el camión se parase y un número de personas transitase", en referencia a las compañeras de la víctima. El edil de Movilidad ha contado desde el principio con el apoyo del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, que al día siguiente de que ocurriera el accidente aseveró que la responsabilidad no era de esta delegación, ni tampoco del distrito que dirige Fernández, Cerro-Amate. Pese a todo, Monteseirín anunció que indemnizaría a la familia de Concepción.
El debate no sólo se quedó en el seno interno del equipo municipal, sino que el Partido Popular también pidió explicaciones al Ayuntamiento y elaboró un mapa con 102 puntos negros de la ciudad por problemas con la señalización, que el Consistorio se ha comprometido a revisarlos.
