Las carencias del Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo son notorias para cualquiera que lo haya frecuentado: pronto hará doce años que se abrió a la investigación y aún sigue en unas condiciones impropias de archivo alguno, y menos de uno de su importancia. Buena parte de los fondos siguen sin catalogar y otros, los que continúan amontonados en la sala del fondo, podrían dar lugar a una denuncia judicial. Carece además de servicio de reprografía, lo que explica que se haya producido el asunto del negocio de las copias digitalizadas que se denuncia.
Así con todo, la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de historiadores y familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista ha sido la limitación del acceso a los interesados en sus valiosos fondos al viernes por la mañana. No cabe sacar otra conclusión después de tal cúmulo de carencias, despropósitos y desaire que la siguiente: que los militares no disponen de capacidad para gestionar esta documentación. Y esto debe decirse alto y claro por si por fin alguien toma cartas en el asunto y se da por aludido. Por supuesto, para que ponga remedio a la situación de una vez por todas.
Pero a renglón seguido hay que decir algo: no tiene sentido responsabilizar sólo a los militares de este estado de cosas creado. Esto no ocurriría si esos fondos estuvieran donde deben estar, que es en un archivo del Estado (preferiblemente en el de Salamanca) y al cuidado de personal del cuerpo facultativo de archiveros. Y estos problemas afectan a todos estos archivos militares salvo a los dos de la zona norte, que funcionan correctamente. Por citar otro ejemplo dantesco, el Archivo del Tribunal Militar Primero de Madrid tarda como mínimo un año en proporcionar la documentación solicitada. ¿Es esto de recibo con una Ley de Memoria Histórica aprobada que garantiza el libre acceso a este tipo de archivos?
La clave está en que se perdió la oportunidad de solucionar este problema en diciembre de 2007, cuando se aprobó dicha ley. Hubiera sido ése el momento de dar la orden de traspaso de toda esa documentación adonde debería estar ya hace tiempo. Pero los señores que hicieron la ley, además de quedarse cortos en todo, no se atrevieron a desmilitarizar esa importantísima documentación que, ya una vez desaparecidos los testigos, guarda la memoria de la represión franquista. Ya es tiempo de que esa inmensa masa documental se ponga al servicio de la sociedad siguiendo los mecanismos habituales que rigen en cualquier sociedad democrática.
Historiador y responsable de la dirección científico-técnica del proyecto Todos los Nombres.
