Nadie en el Gobierno andaluz ni en los partidos que lo conforman (PSOE e IU) defiende que el Presupuesto Autonómico de 2013 abra la puerta a los despidos en el sector público. Todos niegan que la Junta vaya a cruzar la línea roja que se marcó hace un año para diferenciar su política de la del resto de comunidades gobernadas por el PP: Andalucía no destruye empleo ni privatiza servicios públicos. Pero tanta insistencia ha terminado por poner alerta a los sindicatos de clase, CCOO y UGT, que ya adelantan que no aceptarán un paso atrás en este compromiso, al tiempo que reprochan a la Junta que ya esté incumpliendo el plan de ajuste al permitir el cese de unos 700 promotores de empleo, antes incluso de la desaparición (prevista para final de año) de los 95 consorcios donde trabajaban. En mitad de este diálogo sordo entre la Administración y los sindicatos, el vicepresidente Diego Valderas resumió ayer delante de los líderes sindicales y de la patronal lo que él y su formación (IU) esperan de las próximas cuentas andaluzas: "Sería contradictorio" que los Presupuestos de 2013, que buscan crear empleo, incluyan despidos en el sector público, que hagan "decrecer el empleo". "Cualquier elemento de eliminación de empleo es el último peldaño que hay que recorrer, y para llegar a él hay una escalera muy amplia", añadió.
La inquietud en los sindicatos y en el sector público no la genera la claridad con la que habla Valderas, sino el mensaje que dio la semana pasada la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que es quien debe diseñar las cuentas para 2013. Aguayo recordó que habrá un recorte previsto en las transferencias de capital a los entes públicos, y que estos, al recibir menos dinero, deberán optar por rebajar salarios, reducir jornadas o ejecutar despidos.
Los secretarios regionales de UGT y CCOO, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, volvieron a insistir ayer en su rechazo a "cualquier intento de privatización, desmontaje o deterioro" del sector público. Pastrana negó que haya en Andalucía entes instrumentales que no tengan trabajo o que no estén presentando un servicio público "claro a los ciudadanos". El líder de UGT criticó "la falacia sobre que haya enchufados" en la administración, como denuncian los sindicatos de funcionarios CSIF y SAF. Carbonero dijo que "el objetivo no puede ser desmantelar lo público para abrir una brecha en políticas de igualdad".
Por su parte, el presidente de la CEA, Santiago Herrero, defendió que se redimensione el sector público para que exista equilibrio entre ingresos y gastos, un buen servicio que desarrollar y estructuras personales y físicas adecuadas.
El PP-A también cerró el paso a los despidos en el sector público. Su secretario general, José Luis Sanz, exige que se explique en qué consistiría la nueva reordenación y advirtió de que su formación "no va a consentir" que se acometa ningún ajuste "sin que antes no se pode lo mucho que le sobra a la Administración y sin que antes se hable de la reorganización del modelo del sector público empresarial".
