Tras su paso por diversas responsabilidades en el PSOE andaluz, la consejera de Medio Ambiente ha tenido que estrenarse en el cargo con una de las medidas estrella del nuevo Estatuto: el traspaso de la cuenca del Guadalquivir, que el Gobierno de la comunidad acaba de cerrar con el Ejecutivo de la Nación.
-El presidente de la Junta anunció el pasado martes el acuerdo final por la cuenca del Guadalquivir. Aún está pendiente el recurso contra el artículo del Estatuto de Extremadura, ¿teme que una futura decisión del Tribunal Constitucional frene la transferencia?
-No existe ningún tipo de recelo por parte de Extremadura, Murcia o Castilla-La Mancha. Es cierto que el texto autonómico habla de la exclusividad, pero recoge excepciones entre las que estaría enmarcada la reclamación de Extremadura, puesto que Andalucía sólo tendrá competencias sobre las aguas que transcurren por la región y que no afecten a otra autonomía.
-Heredó de la pasada legislatura el Plan Andaluz de Acción por el Clima. ¿Cómo está desarrollándolo?
-La iniciativa más potente que tuvimos que dar fue la de crear una dirección general de cambio climático, que será la encargada de desarrollar las medidas.
-¿Cuáles serán las primeras medidas que entrarán en funcionamiento de las 140 aprobadas dentro de ese plan?
-En estos momentos estamos empezando a trabajar en el desarrollo de las 140 medidas, que tenemos que cumplir. La que tenemos más avanzada será el desarrollo de la Agenda Cuidad 21 [un plan de apoyo técnico y financiero de la Junta iniciado en 2002 a los municipios de menos de 10.000 habitantes]. Tenemos una colaboración estrechísima con los municipios, en principio, de más de 10.000 habitantes, para trabajar con ellos en estas acciones, y ya estamos trabajando con Obras Públicas en desarrollar modelos de movilidad urbana y de planificación de infraestructuras que eviten las emisiones de CO2.
-¿Y qué desarrollo está teniendo la Agenda Ciudad 21?
-En el último año se han incorporado 120 municipios, son ya más de 300 donde viven más de cinco millones de andaluces. Este grado de implantación nos llevará también a llevar la lucha por el clima a los pequeños municipios y vamos a firmar la Agenda Ciudad 21 con las localidades de menos de 10.000 habitantes.
-Tiene pendiente además el II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana, estancado desde el año pasado. ¿Ha empezado la Consejería a estudiar las propuestas de los ayuntamientos?
-El documento, que es un trabajo extraordinario, está en fase de estudio y análisis. El Plan de Desarrollo Sostenible actual para Doñana es de 1993 y se hizo con la participación de los ayuntamientos, pero no se definió su presencia ni en el seguimiento de las acciones del plan ni en la elaboración del nuevo texto, y ahora nos hemos comprometido con ellos a que tengan garantizada su participación, a través de la Mancomunidad de Doñana.
-¿Podrá contentar a todos?
-Seguramente no pueda entrar todo, pero el director conservador de Doñana es quien las tiene que analizar y será él quien decida. De todos modos ese documento será la hoja de ruta de la Consejería.
-¿Cuándo estará aprobado definitivamente?
-Empezó a redactarse hace dos años y si no es a final de este año, a principios de 2009 tiene que estar aprobado seguro.
-¿Está trabajando la Junta en alguna medida estrella para Doñana?
-Lo más importante será una herramienta que se aprobará en septiembre en Consejo de Gobierno y servirá para la evaluación y el seguimiento de todos los planes de desarrollo sostenibles de Andalucía, y en la comunidad existen ya 22 funcionando.
-¿En qué consistirá?
-A través de la figura del Delegado del Gobierno en cada provincia se hará el seguimiento de todo lo que se incluye en el plan y de su nivel de cumplimiento. En el caso de Doñana, donde intervienen municipios de Huelva, Cádiz y Sevilla, habrá que crear una coordinación supraprovincial. Vamos a crear esa figura para asegurar que los planes se cumplan y que no se queden en papel mojado.
-Gobierno, Junta y la constructora del hotel Algarrobico mantuvieron una reunión antes de las elecciones para poner precio al edificio y evitar que su derribo se enmarañe durante años en procesos judiciales. Se anunciaron posteriores reuniones pero no ha habido ninguna. ¿En qué situación está el hotel?
-La Junta no tiene nada que hablar ya sobre el derribo del hotel sino el Ministerio, que sabemos que está decidido a acabar con el asunto. Pero aún quedan decisiones judiciales pendientes a las que a lo mejor el Ministerio ha visto aconsejable esperar para cerrar un trato.
