"Como sevillano, me he de sonrojar al reflexionar sobre lo que nos has planteado". Son palabras del director del Patronato del Alcázar, José María Cabeza, tras la intervención del profesor y experto en patrimonio Víctor Fernández Salinas, quien demostró cómo la Ley de Patrimonio se vulnera en Sevilla.
La exposición de Fernández Salinas, uno de los asesores en España de la Unesco en materia de patrimonio, no tuvo desperdicio. Lástima que no la oyese el representante de la Consejería de Cultura, Juan Manuel Becerra, invitado a la mesa y que al final no acudió; y lástima que tampoco estuviese algún representante de la Gerencia de Urbanismo. Ambos habrían tenido que dar muchas explicaciones. Explicaciones no gratuitas, sino fundadas y aireadas en el entorno reflexivo de las jornadas Arqueología y Ciudad, una atinada iniciativa de la Sección del Colegio de Arqueólogos y el Colegio de Aparejadores.
Fernández Salinas pasó revista -con apoyo gráfico- a una batería de despropósitos patrimoniales perpetrados en los últimos años, y otros tantos anunciados por nuestros políticos. Como filosofía de base, el profesor señaló que "en Sevilla, cuando no se quiere reflexionar sobre los valores de nuestro patrimonio, se convocan rimbombantes concursos internacionales de arquitectura y se proyectan hitos de altura". Y nunca más al pelo lo de la altura. Ejemplo: "La torre que Cajasol y Pelli van a construir representa la agresión más grave contra el casco histórico. Ni en Dresde, ni en Verona, ni en Florencia se habría planteado, porque allí sí tienen sensibilidad para saber que son los edificios históricos, caso de la Giralda, los que deben marcar la referencia en el ámbito de los conjuntos declarados", alegó. Sus argumentos, empero, son lamentos valientes aunque en balde, pues el macrocilindro de Pelli tiene todas las bendiciones, la primera la del alcalde, al que se le ha antojado "un hito singular" similar al que se levanta ya en la Encarnación.
Y más lamentos: "¿Alguien se ha parado a pensar y analizar como se debe los valores industriales que reúne la factoría de Cruzcampo en Luis Montoto?, ¿se ha hecho un estudio adecuado de los que posee la cárcel de la Ranilla? Me da la sensación de que no, y ya no hay marcha atrás". Y tanto, como que las demoliciones han comenzado.
¿Ley de qué...? Visto lo visto, y por falta de espacio no se detalla más, la conclusión sólo podía ser una: si todas estas barrabasadas suceden existiendo dos leyes de Patrimonio en vigor, una nacional y otra andaluza, ¿qué debemos esperar de la Consejería de Cultura, su tuteladora, y de la Gerencia de Urbanismo? Fernández Salinas lo resume: "Es sintomático que, 22 años después de la ley nacional (de 1985), aún carezcan de planes especiales de protección las zonas más calientes de nuestro patrimonio (Encarnación, Santa Cruz, Catedral...), lo que sólo significa una cosa: una mala gestión por los que tienen esa responsabilidad". Menos mal que la Comisión de Patrimonio vela mientras por ellos...
Resultado: a los promotores no les importa pagar multas irrisorias con tal de salirse con la suya, sigue habiendo aumentos de volumetrías no permitidos, impera un fachadismo de postín y, por descontado, faltan sensibilidad y medios, y sobran prisas y caprichos.
