El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, que en los últimos meses ha sido uno de los máximos defensores de la reforma de la financiación local, fue ayer claro en la presentación de los cursos de verano de la Universidad Pablo Olavide en Carmona: existen consistorios de la provincia de Sevilla que destinan más del 60% de su presupuesto a gastos de personal, algo “que es una barbaridad y materialmente imposible de resistir”.
“No nos salen las cuentas”, se sinceró el presidente, consciente de que los gestores municipales “no hemos readaptado ni reducido el capítulo I en estos momentos de bajos ingresos” tras haber vivido “unos años de bonanza como consecuencia de los ingresos no previstos del boom inmobiliario”. No se mordió la lengua a la hora de reconocer que se han sobredimensionado los presupuestos en algunos consistorios porque “en pocos años han concedido licencias por un tubo y en poco tiempo se han venido abajo”.
El presidente hizo esta reflexión después de estar tres años ideando fórmulas para ayudar a las haciendas locales “a resolver el trance en el que se encuentran algunos consistorios”. Entre ellos, no dio nombres de pueblos, pero nadie olvida los casos de los consistorios de Almensilla y Valencina de la Concepción en 2008, pidiendo un expediente de regulación de empleo (ERE); el de Palomares del Río en 2009, que hasta tuvo que suspender la feria; o el último del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, donde la plantilla municipal lleva seis meses sin cobrar.
Dada esta situación, reconoce que le “quita el sueño el hecho de pensar en las soluciones a los problemas” que ahogan a los alcaldes de la provincia. Sus declaraciones llegan pocos días después del anuncio del Gobierno de la Nación de no sólo bajar el sueldo a todos los funcionarios –lo que reduciría los gastos en el capítulo de personal– sino también de recortar los fondos procedentes de las arcas estatales para las administraciones locales. Pese a ello desligó las últimas medidas emprendidas con la mala situación de las haciendas locales, que “sin duda, viene de mucho más atrás”.La salida que expone pasa por ayudar a los alcaldes a ser buenos gestores.
“Con buena voluntad no basta, sino que hace falta formación de los cargos públicos para llevar la economía de cada municipio”, precisó. Por este motivo, firmó con la Universidad Pablo de Olavide un convenio, refrendado hace meses en el pleno, en el que se incluye la puesta en marcha de una escuela de formación de cargos públicos. Con todo ello, se pretende evitar que se repitan las circunstancia actuales, con algunos que destinan más del 60% del presupuesto al capítulo I.
En el caso particular de la institución provincial, el presupuesto consolidado destina un 34,83% del presupuesto, concretamente 136 millones de euros, sólo a personal, algo que, pese al porcentaje, consideró ya demasiado dinero.
No es la primera vez que lanza la voz de alarma por la penosa situación de las haciendas locales, pero sí la primera en la que achaca a los alcaldes una posible mala gestión de sus recursos en estos años de vacas flacas. Hasta ahora su discurso se había centrado en reclamar con diligencia la puesta en marcha de la Ley de Financiación Local y de achacar la losa financiera a tener que afrontar otras competencias que no son de los consistorios, sino de otras administraciones.
