Dicho y hecho. El Gobierno presentó el jueves sus alegaciones a los recursos del Ejecutivo de Madrid y del PP contra la Ley de Consulta mediante dos escritos prácticamente idénticos. En el documento, asegura que "hurtar del ámbito autonómico" la potestad de convocar esta consulta "trastocaría el concepto de autonomía constitucionalmente consagrado".
En sus alegaciones, el Ejecutivo autonómico considera que los recursos "fuerzan la literalidad de la ley", defiende que la consulta encaja en la Constitución y niega que se trate de un referéndum.
Asimismo, aunque reconoce que el Estatuto de Gernika "no contiene una cláusula atributiva de competencias" para la convocatoria de consultas, precisa que esto "no impide que exista regulación autonómica al respecto".
En este sentido, considera que esta potestad es "encajable por vía interpretativa dentro del acerbo competencial previsto en el Estatuto de Autonomía", dado que éste "no establece límites a los cauces de participación ciudadana".
El Gobierno Vasco insiste en que la consulta que pretende organizar el 25 de octubre no se corresponde con los referendos consultivos previstos por la Constitución. Alega para ello que las dos preguntas de la consulta "ni se insertan en un procedimiento decisorio, ni contienen una decisión previa adoptada", por lo que concluye que no precisa de la autorización estatal.
Reitera que "se pretende recabar el estado de opinión" de la sociedad vasca "para orientar futuras actuaciones". Por ello, indica que prohibir la consulta supone "hurtar del ámbito autonómico el debate político", lo que conllevaría que "se trastocara el concepto constitucional de autonomía".
