El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), ha subrayado que el Ayuntamiento tiene la intención de acometer los aparcamientos que en su día se adjudicaron a la empresa Equipark, actualmente denominada Resipark, y que actualmente se encuentran paralizados por el conflicto establecido entre Consistorio y empresa --como consecuencia colateral, los vecinos que dieron fianzas de 1.000 euros continúan sin poder disponer de este dinero--, siempre que se encuentre suelo público y que un estudio de viabilidad así lo avale en cada uno de los casos.
En una entrevista concedida a Europa Press, Zoido ha confirmado que la corporación local rescindirá el contrato en lo que respecta a "todos" los aparcamientos, tras lo cual, como una de las condiciones 'sine qua non', se irán buscando ubicaciones que sean posibles desde el punto de vista legal, es decir, suelos públicos, dado que uno de los principales puntos de choque en el anterior plan era la adjudicación de concesiones en terrenos privados donde no se podía construir el parking.
El otro requisito indispensable es que estas estructuras sean "viables" desde el punto de vista económico y financiero. "No vamos a engañar a nadie ni a traicionar la buena fe de los ciudadanos, se harán los comprometidos siempre que haya parcelas y que un estudio diga que son viables económica y financieramente", ha asegurado el primer edil hispalense.
Hay construcciones de las incluidas en los lotes de Resipark que sí se van a rescatar de manera segura. Zoido ha subrayado que tras los parkings incluidos en el actual Plan Director promovido por el Consistorio --un proyecto "realista" en el que tienen cabida aparcamientos, cuya viabilidad jurídica queda garantizada y en el que la corporación cree que habrá empresas interesadas en concursar, en San Martín de Porres, avenida del Cid, Luis Montoto y Hospital Macarena-- se van a incorporar con carácter prioritario los de Jardines del Valle, la Plaza Rafael Salgado (Bami) y, como novedad, Cueva de la Pileta, en Sevilla Este.
Para ello, "es necesario que se rescinda el contrato con Resipark, y en ellos estamos", ha recordado el regidor, que ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento se encuentra pendiente del informe del Consejo Consultivo Andaluz (CCA) al respecto, que se emitirá el 15 de septiembre.
Mientras que en el caso de Bami las obras de emergencia ya han terminado y se está a la espera de culminar la reurbanización de la plaza --"hay que empezar a explotarlo después de las penalidades sufridas"--, el de Jardines del Valle "es un parking que está vendido en su totalidad", ha manifestado.
De esta manera, Zoido ha confirmado que se seguirá con la política de incautar los avales para, con ese importe, poder devolver las reservas depositadas por cada uno de los interesados, "que han sido víctimas de un plan de aparcamientos inviable del gobierno anterior". "Por activa y por pasiva he venido denunciando la injusta situación de los vecinos que han pagado mil euros y a los que no se les atendió", ha expuesto, añadiendo que "vamos a auspiciar una política de aparcamientos seria y rigurosa, y no vamos a burlar la confianza de los sevillanos que quieran tener derecho a su aparcamiento", así como que se procurará, en el proceso de obras, que éstas se hagan con "coordinación" y "planificación".
IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR LOS AVALES
Por otro lado, el alcalde ha explicado que con los avales incautados en Bami y Cueva de la Pileta (10,3 millones) aún no se pueden empezar a restituir las fianzas, dado que la impugnación judicial de Resipark al proceso imposibilita en que se pueda disponer de ese monto.
Fuentes de la representación jurídica de Resipark informaron recientemente a Europa Press de la interposición de dos recursos en la jurisdicción contencioso-administrativa --uno por cada uno de los lotes-- contra la resolución de contrato iniciada por el Consistorio. La argumentación se centra en la impugnación de esta resolución, dado que el cauce administrativo se ha saldado sin tener en cuenta las alegaciones presentadas al respecto por Resipark, que pedía la nulidad de la concesión.
Y es que la adjudicataria considera "nulos de pleno derecho" los contratos por causas imputables a la administración pública, ya que la concesión de los terrenos "no existe" de manera legal en un alto porcentaje de los aparcamientos, extremo refrendado por informes que dan cuenta de que los suelos facilitados para construir los parkings no eran de propiedad municipal, sino privados.
