Navantia necesita construir las cinco corbetas destinadas a cumplir el contrato firmado con Arabia Saudí. Lo necesita porque se trata de 6.000 empleos, millones de horas de trabajo, una cantidad de euros más que considerable y el futuro de una empresa que ofrece esperanzas a buena parte de los trabajadores de la zona. No es una broma esta operación y, por tanto, no se puede tratar como si fuera cualquier cosa por parte del Gobierno.
El Parlamento europeo, en una resolución no vinculante, invitaba a no vender armas a países en situaciones similares a la de Arabia Saudí, en este caso marcada radicalmente por su guerra con Yemen. Y a esto es a lo que se agarra el Gobierno de España para intentar justificar otra chapuza más que ha pasado de decisión tomada a declaración de intenciones. Las relaciones internacionales que se acompañan de asuntos económicos no son fáciles y se suelen rodear de negociaciones duras y muy largas en el tiempo. Que el Gobierno de España deshaga todo el trabajo de años anunciando que no va a cumplir con un contrato ya cerrado y pagado (el que obliga a España a entregar 400 bombas inteligentes al Gobierno de Riad) resulta asombroso. Si el presidente Sánchez quiere mantener intacta la seguridad jurídica en material comercial con otros países, no puede jugar a la rectificación puesto que la pérdida de confianza en su Gobierno puede crecer e instalarse perjudicando gravemente los intereses de la nación. Y las consecuencias pueden ser incalculables.
Los Derechos Humanos, la lucha contra la violencia, un pacifismo sano y constructivo o la idea de un mundo mejor, pueden ser compatibles con políticas pegadas a la realidad que no traten de eliminar condiciones que, aunque sean detestables, existen. Hay que cambiar las cosas, pero eso no significa que un Gobierno se pueda dejar llevar por el idealismo, por unas prisas innecesarias e injustificables o por los consejos de socios políticos que jamás han tenido que negociar un solo euro con países terceros.