La Audiencia de Pontevedra ha condenado a una madre a dos meses de cárcel por darle un par de bofetadas a su hijo, de diez años, que no se quería bañar. En este tipo de noticias no solo suele faltar el más común de los sentidos entre profesionales más leídos que vividos, sino el contexto real del disparate, porque alguien habrá interpuesto la denuncia...
El tribunal, tal vez buscándose la sensatez de sus entretelas, ha decidido sustituir los dos meses en chirona de la madre por prohibirle acercarse al niño durante seis meses a menos de doscientos metros. Mucho más lógico.
El tribunal ha echado mano de la Convención de los Derechos del Niño, donde se establece que la actitud correctora de los padres “debe ser ejercida de forma moderada y razonable”. Se entiende, por tanto, que esa actitud correctora tan moderada y tan razonable no puede incluir en ninguna razonable negativa del menor utilizar la alpargata de nuestras abuelas y mucho menos la amenazante correa que nuestros abuelos se iban a quitar siempre hasta que se murieron sin quitársela.
Se repite mucho últimamente: esto se nos está yendo de las manos. La judicialización de la política se ha quedado en nada si la comparamos con la judicialización del hogar. Problemas que deberían ser solucionados en casa, en familia, esperan ahora el veredicto del Tribunal Supremo. No solo como si los juzgados no tuvieran en qué entretenerse, sino como si los juzgados no tuvieran competencia para no admitir a trámite este tipo de pendejadas, como si determinados jueces no tuvieran las luces suficientes para discernir entre una relación con visos de maltrato y una guantada sin guantes, una bofetada, una ostia sin hache y sin consagrar, un zosqui a tiempo.
Seguramente estamos sufriendo las consecuencias de lo que estamos criando. No queremos que a nuestros niños les falte ni gloria, y así muchos llegan a la gloria de convertirse en pequeños dictadores intocables.
Las peores bofetadas, al fin y al cabo, siguen siendo las que se dan sin manos.