El gobierno del PP vuelve a marear la perdiz y a marearnos en torno a la subida fraudulenta del precio de la electricidad. El frío, la falta de viento, la subida del petróleo, la sequía... son algunas de las coartadas puestas en circulación para justificar lo injustificable. Mucho está tardando la oposición en pedir la derogación urgente del impuesto al Sol y la supresión de todas las trabas artificiales impuestas a las energías renovables en España para que las eléctricas y sus consejeros de administración sigan poniéndose las botas a costa de la ciudadanía.
Está muy bien que la Fiscalía haya decidido investigar de oficio, que la Comisión de la Competencia y la de la Energía estudien el caso, pero vaya usted a saber cuándo concluirán sus investigaciones. Sus resoluciones llegarán tarde, como suele ocurrir con la Justicia y la burocracia administrativa. El último botón de muestra lo tenemos en el informe del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42.
La Administración estatal se da una prisa más que notable a la hora de facilitar el camino a los intereses de las compañías eléctricas como está ocurriendo con el depósito subterráneo de gas en Doñana o el nuevo cementerio de residuos nucleares en la central extremeña de Almaraz, asunto éste último que nos ha enfrentado con el gobierno y el Parlamento de Portugal hasta el punto que Lisboa ha llevado el conflicto a Bruselas.
El estudio del impacto ambiental del almacén de residuos nucleares de Almaraz se hizo tan a prisa que no se consultó con las autoridades lusas, pese a que las aguas del río Tajo, que desemboca en tierras portuguesas, son las que se utilizan para la refrigeración de la central nuclear cacereña.
Como ocurrió con el rescate de la banca y las cajas de ahorro, está pendiente de conocerse cuál será el coste que el Estado deberá afrontar en los múltiples pleitos abiertos por las empresas de energías renovables contra la decisión de Rajoy de cargarse la estrategia energética limpia del anterior gobierno socialista.