Mientras en los casos Palau y Pujol donde CDC, los Pujol y Mas saquearon las arcas de Cataluña parece que el botín de esos piratas sólo concierne a su isla y, en el racimo interminable de procesos del que penden el caso Bárcenas y otro centenar de uvas, lo de llevarse dinero a espuertas y abrir cuentas en Suiza son cuestiones menores, sigue viva la idea de que los procesos abiertos en Andalucía a dirigentes el PSOE (y a algunos de IU) se robó a malsalva. Para montar ese tinglado, simplemente, se ha partido de la presunción de una actividad conspirativa para favorecer a determinados empresarios sin que exista el menor indicio de que ellos o sus partidos recibieran dinero y sin que a nadie se le haya ocurrido preguntar para qué querían favorecerlos.
De este modo se oculta, en primer lugar, la verdadera conspiración, la de los casos catalanes y los peperos, donde políticos y empresarios se pusieron de acuerdo para sustraer ilegalmente dinero que engrosaba cuentas particulares o institucionales y, en segundo, no se aclaran los fines de las posibles irregularidades en la administración andaluza. Si no se buscaba el lucro propio o el de los empresarios, ¿para qué se tomaron, entonces, esas decisiones ya sean legales, ilegales, alegales o paralegales? Tras la pregunta no queda otra respuesta que se tomaron pensando en los trabajadores de esas empresas, en los teóricos destinatarios de los programas de las fuerzas de izquierda. Pero eso, ni el PSOE ni IU han sabido o querido explicarlo, ni los trabajadores enterarse. Y así nos va.