La ministra de Cultura de Corea del Sur acaba de ser condenada a dos años de cárcel por conspiración. Al encontrarla el juez responsable de vetar a diez mil artistas, intelectuales y, en general, miembros de la comunidad cultural de cualquier tipo de apoyo público e incluso de vigilancia personal, censura. La calificación del propio juzgado reconoce que se instaló un sistema cuasi totalitario en el mundo cultural de Corea del Sur. Basta decir que la ministra recibía el apelativo de la Rasputín surcoreana y fue una de las principales colaboradoras de la depuesta presidenta Park Gen, que está siendo juzgada por corrupción. Esto puede parece un elemento singular en un país líder económico y en desarrollo de Asia y toda una potencia tecnológica.
No creamos que las listas negras en nuestros países occidentales son historias del pasado o recuerdo de tiempos de las dictadura en España. Ciertamente, excepto en algún caso singular, no existen como tal una o unas listas donde aparecen aquellos artistas o en general personas de la cultura que nunca reciben el favor de un apoyo público.
Ahora el sistema es mucho más refinado y, por tanto, más eficiente. En una cultura, por ejemplo, la europea en donde su financiación esta casi siempre basada en los apoyos desde las administraciones públicas se crea un método basado en la existencia de comisiones de expertos que tienen obligación de valorar de una forma independiente y presuntamente objetiva las peticiones presentadas. A veces, incluso se obliga a distribuir una serie de puntos según una serie de parámetros, casi siempre subjetivos e indefinidos, y por mucho que las leyes obligan a explicar los puntos adscritos la liberalidad para trazar el resultado final es cuasi absoluta. Por ejemplo, desde hace años algunas comisiones de la cultura andaluza son manipuladas por algunos de sus componentes para dar siempre puntuaciones cercanas a cero a una serie de proyectos, lo que hace imposible que determinados artistas o empresas sean beneficiarios de las ayudas.
Siempre desde el ámbito público existe la contestación de que si no se está de acuerdo se vaya a los tribunales. Pero también es cierto que tal actuación es costosa, complicada y lenta? muy lenta, pues un pleito de este tipo puede estar años dando vueltas en los juzgados.
Este sistema falto de objetividad cercena cualquier capacidad de los actores culturales de expresar de forma libre sus opiniones y sus ideas o, lo que es peor, su creatividad, pues se corre el riesgo de caer en desgracia y saber que será una camino de espinas el poder subsistir en la práctica artística.
Esto tiene solución y así se aplica en los países más avanzados de Europa, que dotan a sus sistemas de ayudas de una objetividad absoluta. Por ejemplo el alemán, donde para ser beneficiario de una ayuda para desarrollar una películas solo se tiene que superar un test donde cien ítems definen, punto a punto, los parámetros donde se tiene que mover el proyecto propuesto. La comisión solo desarrolla una tarea de comprobación de la correcta presentación de la propuesta.
Fácil, sencillo y poco dado a corruptelas. ¿Alguna vez pondrán en marcha sistemas objetivos de evaluación en Andalucía?