Que el escándalo continuo haya pasado en España a ser algo a lo que no se presta la más mínima atención no deja de ser preocupante por las nefastas consecuencias que eso puede acarrear. En cualquier empresa española, si un empleado decide no acudir de forma regular a su puesto de trabajo sin la justificación adecuada, puede ser despedido. Si la razón con la que justificase su ausencia fuera, por ejemplo, no estar de acuerdo con la política empresarial o con el despido de un compañero, podría ser despedido. Y nadie podría llegar a pensar que se tratase de un despido injusto o disparatado. Eso es lo que sucede en las empresas que, cada día, luchan por salir adelante, por generar riqueza y empleo, gracias al trabajo de los empresarios y de los trabajadores que se levantan temprano y acaban la jornada cansados. Eso es a lo que se enfrentan los empresarios que, además de poner en juego su patrimonio, deben ser pulcros a la hora de respetar los convenios colectivos y el Estatuto de los Trabajadores. Y a lo que se enfrentan los trabajadores con respeto y gran sentido de la responsabilidad.
Sin embargo, el que es órgano rector en el Congreso de los Diputados, la Mesa de la Cámara, ha rechazado iniciar los trámites para sancionar a los diputados de ERC y del PDeCAT, tal y como había solicitado Ciudadanos dadas sus reiteradas ausencias en Plenos y comisiones. Es decir, sin ir a trabajar seguirán cobrando los 2.842,01 euros brutos en concepto de sueldo, 1.823 euros en concepto de dietas al ser diputados de fuera de Madrid y, los que sean portavoces, sumarán 1.056,94 euros más al mes. Unas cantidades muy considerables por no hacer nada. Un insulto a todos los españoles que ya parece no tener fuerza ni para quejarse.
Lógicamente, esos sueldos los pagan todos esos españoles. Y, lógicamente, todos esos españoles esperan de sus representantes políticos que, al menos, acudan a su puesto de trabajo.
Ciudadanos solicitó a la Mesa del Congreso que tomara las medidas oportunas. Ahora, Partido Popular, PSOE y Podemos, se han opuesto a que se adoptasen esas medidas.
El informe de los letrados dice que los diputados de ERC y PDeCAt han anunciado que regresan a la normalidad después de que se aplicase el artículo 155 de la Constitución española y las direcciones de sus partidos acatasen la legalidad en Cataluña. Y aquí parece que no ha pasado nada.
Sea como sea, resulta escandaloso que los mismos que han hecho perder miles de millones a los inversores en bolsa, los mismos que han provocado un caos sin precedentes en la historia reciente de España, los mismos que han llevado a cabo una pantomima extravagante y ridícula que ha puesto en peligro la paz en España y ha fracturado la sociedad catalana en dos; esos mismos que han ofendido, una y otra vez, a los españoles con sus declaraciones altisonantes y chulescas; esos mismos que de forma directa o siendo colaboradores necesarios diseñaron un auténtico golpe de Estado, no han tenido la bondad de aparecer por su puesto de trabajo durante días y van a cobrar como si no hubiera pasado nada de nada.
Es urgente revisar algunas cosas de las que suceden en España y dejan indiferentes a una agotada opinión pública que no se plantea castigar este tipo de actitudes de los representantes políticos. Y es urgente denunciar cada acto vergonzante para evitar que se repita.