De nuevo y lamentablemente, es noticia el ataque de un perro a un menor catalogado en el Real Decreto 287/2002 como potencialmente peligroso. Este Real decreto desarrolla la Ley 50/1999 de 23 de diciembre que dicta el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
El ataque se produjo en el barrio de Torreblanca y el menor, herido de gravedad, tuvo que ser trasladado al Hospital Infantil del Virgen del Rocío de Sevilla para ser intervenido quirúrgicamente. Posteriormente al suceso, se comprobó por parte de la Policía Local que el dueño del perro de raza Pitbull no disponía de la documentación necesaria para tener en propiedad un animal de estas características. Efectivos del zoosanitario decomisaron el animal y lo trasladaron a las dependencias preparadas para estos casos.
El debate, que perdura y no se puede cerrar desde hace mucho tiempo, es cómo evitar este tipo de accidentes en los que el protagonista es un perro de los denominados potencialmente peligrosos.
Efectivamente, la legislación es clara. Es necesaria una licencia específica que habilite a las personas para poder tener en propiedad determinados ejemplares de algunas razas de perro. Esas licencias exigen, desde la mayoría de edad a una capacitación física y aptitud sicológica adecuada, entre otras cosas. Son licencias que se renuevan cada cinco años solo si el poseedor del animal sigue cumpliendo con los requisitos necesarios. Pero, además, las normas son muy claras y explícitas en aspectos fundamentales como, por ejemplo, la imposibilidad de pasear dos perros potencialmente peligrosos al mismo tiempo, la utilización del bozal o la exigencia de mantener al animal atado y en una zona delimitada aunque se trate de propiedad privada.
Si bien la legislación es clara y suficientemente extensa, la actitud de algunos dueños de este tipo de animales, es, al menos, irresponsable. Porque la pregunta que asalta de forma inmediata es ¿cómo es posible que se produzca un hecho de estas características? Si la norma se cumpliese, es muy posible que estos ataques no se produjeran. Si un animal está atado en todo momento, lleva puesto el bozal al que obliga la ley y se cumple con lo que dice la normativa, sería extraño que este tipo de accidentes volvieran a ser noticia provocando cierta alarma social. La responsabilidad de las personas es clara.
Parece que es obligado que las administraciones correspondientes tomen las medidas necesarias para impedir que algo como lo que ocurrió a esta menor en Torreblanca vuelva a suceder.