El miércoles pasado han quedado muy claras dos cuestiones importantes. Cuando el juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla hizo pública la sentencia del caso Mercasevilla en la que se resolvía absolver a los diez acusados por el presunto fraude en la venta de los derechos de suelo el año 2006, se constató que la tremenda lentitud con la que funciona la administración de justicia es un problema que urge resolver. Han sido ocho años, un tiempo que parece excesivo y genera gran preocupación en la sociedad. Después de celebrarse 20 sesiones de juicio, este quedó visto para sentencia el pasado 10 de marzo.
Pero, además, resulta escandaloso el daño que se ha provocado a las diez personas que se han tenido que sentar en el banquillo y que han sufrido daños irreparables durante el tiempo que ha durado todo el procedimiento, daños que seguirán siendo una losa injusta sobre las espaldas de todos ellos. No puede tacharse a los investigados de ladrones o corruptos hasta que no se conozcan las sentencias firmes puesto que la vida de las personas, que son ahora absueltas y que son tan honorables como lo eran antes de ser imputados, quedan dañadas de forma grave y sin posibilidad de resarcimiento económico, social o moral.
El que fue primer teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), tuvo que dejar su cargo al verse envuelto en este asunto. Personas que ostentaban cargos de responsabilidad han visto manchado su nombre de forma gratuita como es el caso de Domingo Enrique Castaño o Gonzalo Crespo. Así hasta diez seres humanos que han caminado por un desierto en soledad cuando se ha demostrado que no tenían culpa de cosas durísimas que se decían en el auto de cierre de instrucción que firmó Mercedes Alaya como, por ejemplo, que los acusados buscaban que el concurso «fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma».
No pueden sufrir consecuencias las personas que ni siquiera están juzgadas. Y en este sentido, los medios de comunicación debemos hacer autocrítica porque las noticias que se editan deben buscar la mesura, el sentido común y la verdad. La imagen de las personas se deteriora con gran facilidad y un comentario en una tertulia televisiva o dejar que cualquier invitado opine sin tener información suficiente o un grado de frivolidad excesivo, no se debe consentir. La dignidad de las personas está por encima de todo.
Sorprende que los nuevos políticos se empeñen en incluir en sus códigos éticos la obligación de dimitir a los que sean imputados. Aunque luego no lo cumplen, como es el caso que se ha conocido en las filas Ahora Madrid, en el que dos concejales han sido imputados y Pablo Iglesias ha defendido con gran celeridad su buen hacer y su compromiso con la ciudadanía. El líder de Podemos que ha pedido dimisiones a todo el que estaba en esa situación (en partidos distintos al suyo) tendrá que aprender que puede cometerse una injusticia, no solo con los suyos, sino con cualquier político de cualquier partido. Hasta que la sentencia de un juzgado no se dicta, todos los imputados tienen derecho a la presunción de inocencia. Una cosa son las charlas en tascas y cafeterías y otra administrar justicia con rigor. No se puede condenar a un calvario sin retorno a nadie si cabe la posibilidad de que sea inocente.
Sin duda, una mayor agilidad de la administración de justicia aliviaría estos daños que van siendo mayores a medida que pasa el tiempo puesto que las dudas y las sombras provocan un efecto demoledor. Y si el daño se provoca, ya que a veces es inevitable, es necesario que se encuentren fórmulas para que los que los sufren puedan tener oportunidad de volver a tener una vida normal, su prestigio al nivel que merece y la honorabilidad intacta.