Los afectados por el fraude de la cadena iDental se encuentran frente a un enorme desierto que tendrán que cruzar solos. Casi seguro que esa travesía será en solitario salvo que se ponga remedio a una situación injusta y desastrosa para los afectados.
Sorprenden algunas de las características de este asunto. ¿Cómo es posible que las clínicas de iDental operasen desde el año 2014 sin que los mecanismos de seguridad se pusieran en marcha, sin que saltasen todas las alarmas posibles? No es de recibo que en un país como es España, en el que se han producido estafas de todas las dimensiones y profundidades posibles, puedan seguir ocurriendo estas cosas. Además, este caso resulta más sangrante puesto que los afectados son personas con recursos económicos limitados que buscaban soluciones a sus problemas en lugares asequibles para sus economías.
Como es conocido por todos, la Seguridad Social cubre mínimamente la salud bucodental y las personas se ven obligadas a buscar alternativas que se encuadren dentro de los límites que marquen las posibilidades financieras de cada persona. La opción de iDental parecía adecuada por sus ofertas en el aplazamiento de los pagos y por esa presentación que hacían de sí mismos: «Dentistas con corazón». Todo ello convierte este fraude en algo sumamente repugnante y doloroso.
Comienza ahora el proceso judicial, ese camino a través de un desierto largo, casi mortal para muchos. Casi 9.000 reclamaciones han sido presentadas en las distintas oficinas de consumo de las Comunidades Autónomas españolas. Los afectados, de momento, se han visto obligados a buscar nuevos profesionales que se hagan cargo de los tratamientos inacabados y de las secuelas. Por supuesto, los créditos siguen intactos y deben pagarse. Sin embargo, este camino debería ser mucho más amable para los afectados. Dado que las Administraciones públicas no vieron el peligro que acechaba a miles de personas, a pesar de los avisos por mala praxis de forma continua, sería muy saludable que se mostrara todo el apoyo posible a las víctimas de este fraude, bien negociando en su nombre con las empresas de crédito, bien haciéndolo con las clínicas y profesionales que prestarán, a partir de ahora, sus servicios a todas las personas afectadas. Por otra parte, sería más que saludable que esas mismas Administraciones públicas comenzasen a pensar en ejercer cierto control sobre las cantidades que entregan los clientes a cuenta para la futura prestación de un servicio cualquiera y, especialmente, si se trata de una cuestión relacionada con la salud de las personas. Como ya ocurre en buena parte de los países europeos, las personas que adelantan cantidades a las empresas solicitan los avales contratados por estas para que, en caso de incuplimiento en la prestación del servicio, las entidades garantes hagan frente a los perjuicios ocasionados. Se evitarían grandes problemas a los usuarios.
La Administración pública de un país moderno está obligada a utilizar todos los recursos técnicos con los que pueda evitar situaciones tan dramáticas como la que viven los afectados por el fraude de iDental.