El parque de El Palacio es el santuario de todo guadalcanalense. De poder hablar, relataría toda clase de juegos de los más pequeños, amoríos de los adolescentes y paseos interminables de los mayores. Sin embargo, vivió durante dos días, los sucesos más cruentos de toda su historia. La devastadora Guerra Civil española no fue ajena a este lugar, y su albero asistió al fusilamiento de civiles por parte de las tropas del bando nacional durante los días 22 y 27 de agosto de 1936. Tal y como relata Ignacio Gómez, historiador local, hasta esa fecha un comité de izquierdas había mantenido el orden gracias a la requisa de toda arma que tuvieran en su poder aquellas personas que el gobierno de la CEDA armó en 1934. No obstante, con la entrada del bando golpista en la localidad el día 19 de agosto la situación se revirtió y los nacionales tomaron el poder. Durante aquellos fatídicos días muchos fueron los ajusticiados. La pila de cuerpos fue trasladada al cementerio de San Francisco para ser enterrados en una fosa común. Entre ellos, un joven de tan solo 18 años. Sus padres, aunque de izquierda, lograron gracias a sus contactos comprar aquel pedazo de tierra y colocar una lápida donde tan solo rezaba de qué familia procedía.
Aquellos hechos no fueron borrados de las memorias de los familiares de las víctimas y trasladados de generación en generación, aunando fuerzas y estudios lograron que ochenta años después es fosa se haya abierto. Los primeros trabajos se hicieron en el mes de diciembre, con cuatro catas de las cuales una de ellas dio un resultado positivo. Esta resultó ser, obviamente, en la que se encontraba el joven asesinado.
Miguel Ángel Melero, asesor y coordinador de exhumaciones de la Junta de Andalucía, considera aquel hecho –el de la compra del terreno por parte del padre del muchacho– de vital importancia. Ya que no solo compró el lugar donde estaba enterrado su hijo, sino que también logró preservar otros tantos cuerpos que a día de hoy ansían un entierro digno.
Tras aquellos primeros trabajos de diciembre, el pasado 2 de mayo se inician oficialmente las tareas de exhumación. Hasta la fecha, según relata Inmaculada Carrasco, arqueóloga y profesora de la Universidad Pablo de Olavide, además de coordinadora de los trabajos realizados en dicha fosa, se han extraído restos óseos de dos personas con evidencias de violencia. Se estima que haya cinco cadáveres más, aunque no descarta encontrar más. Según Carrasco, los huesos se encuentran en buen estado, gracias a la ausencia de obras en el lugar y a las características del suelo. Una vez extraídos, los restos serán sometidos al estudio antropológico para posteriormente viajar a la Universidad de Granada, donde se someterán a nuevos exámenes.
Todo el trabajo de exhumación, a pesar de haber transcurrido ocho décadas, ha de pasar por la supervisión de la Guardia Civil, quien ha de dar traslado a los juzgados por tratarse de muertes violentas, aunque asegura la arqueóloga, gracias a la Ley de amnistía, «tal y como entre en los juzgados saldrá».
Según Ignacio Gómez, puede resultar difícil el hallazgo de la veintena de cuerpos asesinados durante esos días, ya que pudieron ser enterrados en diversos lugares e incluso en el cementerio no católico anexo al municipal.
Parte importante en el proceso es el que compete a los familiares. Unos familiares que se interesan por los trabajos y en los cuales aún existe ese miedo inexplicable que provocó el conflicto bélico. Según Carrasco, obedece a que aún no se ha olvidado lo ocurrido y a pesar de «creernos en libertad» de poder pensar políticamente, los datos de afiliación a los partidos del centro derecha, con respecto a los de izquierda, dan que pensar.
Melero, por su parte, señala como característica principal de esta fosa, la implicación municipal, ya que aunque los ayuntamientos generalmente colaboran por su «sentido de la responsabilidad», en el caso de Guadalcanal, el consistorio se está volcando con los trabajos, poniendo personal laboral o incluso luz para poder trabajar por la noche. De la misma manera, comenta, a pesar de no estar obligados, para la concesión de los trabajos se ha consultado a tres empresas, eso sí, todas andaluzas, ya que considera que «son los mejores» por su experiencia y su sensibilidad.
Los trabajos continuarán durante un tiempo estimado de dos meses, aunque nunca se sabe a ciencia cierta la duración real de intervenciones como esta. Durante ese tiempo el equipo de arqueólogos y antropólogos intentará extraer nuevos cuerpos y que la memoria de las víctimas no continúe soterrada, recordando eso sí, tal y como indica Carrasco, que «no fueron víctimas de una guerra, sino de la represión».
