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El alcalde de La Roda de Andalucía, junto a agricultores que se quedarán sin las tierras que tenían arrendadas. / F.C.
El centenar de agricultores de la Roda de Andalucía que el próximo 31 de enero se pueden quedar en el paro por no tener tierras no contarán con la ayuda del Vaticano para convencer a las monjas, dueñas de las parcelas, para que les renueven el contrato que les mantiene en activo desde hace 40 años.
En su día anunciaron que llegarían hasta el Papa Francisco para que les solucionase el problema, pero este, por medio de un asesor, les ha dicho por carta que todo lo que tengan que negociar tendrán que hacerlo directamente con las propias religiosas que, aparentemente, no están dispuestas a ceder.
Todo ello se refleja en la carta firmada por el número 4 del Papa Francisco, el asesor para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, Monseñor Paolo Borgia, leída ayer en conferencia de prensa por el alcalde de La Roda, Fidel Romero (IU). La carta dice textualmente que «por los buenos oficios de la Nunciatura Apostólica en España ha tenido la amabilidad de escribir una atenta carta al Santo Padre sobre cuestiones que afectan a la congregación de las Siervas del Evangelio», añadiendo que «nos es grato informarles que resoluciones como las referidas en su amable escrito son competencia de los organismos estatales, a requerimiento de los propios interesados».
La carta del Vaticano se une a la que envió a los agricultores en su día el Arzobispado de Granada, que mostraba su confianza en que las monjas «actuarán siempre del mejor modo en este tema». Con todo, tras acudir a Sevilla, Granada, Madrid y Roma, todo ha vuelto al punto inicial.
Romero señaló que la situación de los agricultores es «desesperada», ya que «el 31 de enero tienen que abandonar las tierras, eso fue lo que les dijeron las monjas en una notificación hace unos meses, y hay que tener en cuenta que cada arrendatario da trabajo a alrededor de 100 personas cada uno, lo que supone unos 4.000 sueldos al año».
El regidor señaló que si las monjas sacan adelante su iniciativa «subiría el desempleo en la localidad», ante la gran cantidad de personas que dependen de estas tierras, de forma directa o indirecta. Victoriano Velasco uno de los afectados pone el acento en que «hay que tener en cuenta que además genera mucho empleo indirecto porque los agricultores tienen maquinaria que van a los talleres de aquí, compran aquí abonos y productos para las tierras, entre otras cosas». Con todo, las hojas del calendario se van quitando, y si las religiosas no aceptan comenzar a negociar, las tierras dejarán de tener arrendatarios el próximo 1 de febrero. «Lo que quieren las monjas es unificar la finca, dejar todas las tierras a una sola persona, con lo que van a perder aproximadamente cien sueldos al año cada familia, sin saber el motivo que les ha llevado a querer dejarnos en la calle», explica Velasco.