SOS a la arboleda de la provincia

Arboricidio. Conservacionistas y expertos critican la falta de rigor técnico con la que se ejecutan las talas. Por su parte, los ayuntamientos argumentan razones de seguridad

03 may 2018 / 23:05 h - Actualizado: 04 may 2018 / 12:07 h.

Un operario de San Juan de Aznalfarache vigila la tala de uno de los árboles de la zona de Monterlar. / El Correo
Estado de la calle Federico García Lorca, después de realizar la obra del aparcamiento y eliminar los árboles. / Sevilla Más Verde
Entorno de la calle Federico García Lorca, en Castilleja de la Cuesta, antes de la retirada de árboles. / Google Maps

Un operario, sin apenas protección, tala un árbol en medio de una zona residencial del Aljarafe mientras un vecino le increpa. La escena recorrió rápidamente las redes sociales a mediados de febrero y provocó un aluvión de críticas hacia el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, quien tuvo que justificar mediante informes la «tala indiscriminada» (como denunciaban vecinos, grupos políticos y asociaciones) de más de medio centenar de árboles, de la especie grevillea robusta, que han sido sustituidos por naranjos en el barrio de Montelar. La intervención, realizada con cargo al Plan Supera V de la Diputación, está valorada en 55.000 euros, pero supone una pérdida para muchos vecinos, que consideran la tala una aberración. Y es que, como recogía un informe elaborado por Jesús Castillo, el profesor de Ecología la Universidad de Sevilla, los árboles retirados servían como «filtro de partículas en el aire y de la contaminación acústica para los apartamentos próximos».

No es el único caso de arboricidio denunciado en la provincia en los últimos meses. En Utrera hasta se manifestaron por la retirada de árboles como consecuencia de las obras de mejora del Paseo de Consolación, con cargo también a un plan provincial, en este caso al Programa de Fomento de Empleo Agrario y Rural (también conocido como Pfoea). La protesta enmascaraba riñas políticas, dado que era el grupo Juntos por Utrera (formada por antiguos andalucistas) la que convocaba en protesta a la actuación del Gobierno municipal –formado por el PSOE e IU–. Mientras que los convocantes denunciaban que las obras de remodelación del entorno –valoradas en 2,3 millones– enmascaraban «una tala de árboles indiscriminada», el Ayuntamiento defendía que los olmos retirados estaban enfermos, una pérdida que compensará con el reemplazo de otras especies, lo que no supondrá la pérdida de masa arbórea.

No era la primera vez que un partido de la oposición acusaba de arboricidio al Gobierno utrerano. En agosto del año pasado, Podemos señalaba al Ayuntamiento por talar las moreras de la carretera entre Guadalema y El Palmar de Troya. Una actuación que el Consistorio justificaba como una medida de seguridad ante el riesgo de accidente, dada la estrechez de la vía.

Son algunos de los casos denunciados en los medios, pero no lo únicos. Algunos son todavía desconocidos. La asociación Sevilla Más Verde denuncia que en Castilleja de la Cuesta también se han talado árboles sin criterio para poder adecentar una zona de aparcamiento cerca del entorno comercial del municipio. La actuación realizada con el remanente positivo de tesorería del Ayuntamiento trataba de adecentar una zona de parking para compensar la pérdida de aparcamiento en las calles Inés Rosales, Jesús del Gran Poder o en la plaza de Santiago por su peatonalización, según explica la delegada de Servicios, María Ángeles Rodríguez. La portavoz del Gobierno municipal alixeño no niega la tala y recuerda que, a pesar de la retirada de árboles, cumplen con el compromiso político de reemplazarlos por otros. Así, a cambio de la tala de en torno a una decena de árboles, «se han plantado un centenar de ejemplares en el parque del Parlamento y otros 42 en el entorno de la plaza de Santiago», señala Rodríguez.

Sin embargo, para el presidente de Sevilla Más Verde, José Luis Sánchez-Quiñones, la actuación es «una excusa» y considera que la obra podría haber respetado alguno de los ejemplares. Asimismo, señala que en otras ocasiones se opta por replantar los árboles arrancados, «pero es un proceso de mucho estrés para la planta, por lo que al final es más fácil talar».

Profesionalización

Para los expertos en el sector y las asociaciones conservacionistas, el problema de estas actuaciones municipales está en la falta de rigor técnico con la que se hacen. El presidente de la Asociación Multisectorial de Jardinería Andaluza (AMJA), Juan Manuel Ruiz, señala que los cuantificadores de riesgo «se cuentan con los dedos de las manos». «No hay especialistas en la materia y cualquier técnico se convierte en arborista», denuncia Ruiz.

Muestra de ello es el informe –de dos páginas– del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache donde justifica la tala de medio centenar de ejemplares de grevillea robusta. Según el técnico municipal, «se trata de un árbol australiano, de tamaño desaconsejado (tanto en altura como en referencia a sus raíces), que no da sombra, que puede ocasionar graves daños (al acerado y las infraestructuras de la zona y no se puede trasplantar». Por todo ello, aconsejaba la retirada de estos árboles por otros «que den sombra y de tamaño menor en su edad adulta», por lo que el Consistorio apostó por los naranjos. Sin embargo, la decisión es contradictoria, dado que la envergadura de la especie es menor y, por tanto, menos sombra, además de tratarse de una especie igualmente foránea, como recuerdan los expertos. Además, el presidente de la asociación Sevilla Más Verde recalca que el naranjo «no da mucha sombra, cada vez aguanta menos por la sequía y tarda mucho en arraigar».

Por casos como este, el presidente de AMJA reclama una mayor profesionalización de este área en los consistorios.

Los argumentos de la seguridad ciudadana o del mantenimiento de las infraestructuras son los más recurrentes para los ayuntamientos para justificar estas actuaciones. Sin embargo, en opinión de Ruiz, desde el diseño hasta el mantenimiento tienen un elevado carácter técnico. En esta misma línea, Sánchez-Quiñones apunta que muchas veces se culpa al árbol de los daños que produce en el acerado, «pero en la actualidad los alcorques están más que preparados para que las raíces no los dañen». «El verdadero problema no es que el árbol hace daño, sino que está plantado en un sitio incorrecto», matiza Ruiz.

Ante los continuados casos de talas indiscriminadas que se han producido en diversos municipios de la provincia, Ecologistas en Acción aboga por promover «una norma de rango superior en el Parlamento de Andalucía sobre el arbolado urbano, al igual que se ha hecho con los caminos públicos», explica su portavoz en Sevilla, Juan Cuesta. A pesar de que este tipo de actuaciones son de competencia municipal, los conservacionistas apuntan a que pocos ayuntamientos tienen regulado estas intervenciones por ordenanza municipal, lo que deja al antojo de los técnicos la ejecución del mantenimiento de la arboleda urbana.

El objetivo de esta ley es vigilar que estas talas se hacen con rigor medioambiental y no por la psicosis que genera la caída de ramas puntuales, quejas vecinales o canalizaciones, por poner varios ejemplos. Además, «debería regular que los ayuntamientos actúan con transparencia, que expliquen los motivos de estas intervenciones en el arbolado y que den la posibilidad de presentar alegaciones», señala Cuesta, quien explica que el siguiente paso para promover esta idea es reunirse con los diferentes grupos políticos para elevarla al Parlamento.

Justificación ambiental

Los expertos en la materia recuerdan que está más que demostrada la idoneidad de la arboleda urbana, «más en un clima continental como el de la provincia de Sevilla», puntualiza Ruiz. «Es un magnífico regulador para las altas temperaturas, principalmente por la sombra que ofrecen, y además tienen un efecto paisajístico positivo», sostiene el portavoz de Ecologistas en Acción.