-
Domingo Enrique Castaño, exasesor municipal del PSOE y exdirector de Vía Pública.
“Indicios, indicios, indicios”, ha repetido en varias ocasiones el abogado del que fuera director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño. En su informe, el letrado ha puesto en énfasis en la “evidente falta de pruebas”, como ya hiciera ayer la defensa del exportavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, y ha criticado la “inquisitorial instrucción de la jueza Alaya”. El abogado del exconcejal socialista Gonzalo Crespo ha criticado “además” la “frivolidad” de la Fiscalía por afirmar en un procedimiento “en el que se piden dos años de prisión” que el “concurso fue un paripé”.
La jornada de hoy del juicio por la supuesta venta irregular de los suelos de Mercasevilla ha arrancado con los informes de las defensas de los acusados. El primero de ellos ha sido el del abogado Jorge Piñero, acusado en la causa y que se defiende a si mismo, quien ha retirado su solicitud de absolución amparándose en la falta de pruebas. Un argumento que ayer ya defendió la abogada de Torrijos, Encarnación Molino, que fue desmontando al detalle la acusación de la Fiscalía. Como ya hiciera ella, hoy el abogado de Crespo, Miguel Villegas, se ha dirigido al Ministerio Público y a las acusaciones particulares “con el corazón y las entrañas” porque “esperaba la retirada” de los cargos.
“No se puede condenar solo por haber sido presidente de Mercasevilla”, ha dicho el letrado sobre su cliente, ante la “evidencia campanaria de falta de pruebas contra Crespo”. Además, ha criticado “la frivolidad” del fiscal al “hablar de paripé del concurso en un procedimiento en el que se están pidiendo dos años de prisión”. El abogado también ha añadido que el propio fiscal reconoció que “los miembros de la Comisión Ejecutiva desconocían el protocolo de intenciones” firmado entre Mercasevilla y Sando “en el que la acusación basa la existencia del complot” para adjudicarla venta de los terrenos a la constructora. “Si existía el pacto, Crespo fue absolutamente ajeno y desconocedor del mismo”, ha concluido.
Por su parte el abogado de Castaño, José Manuel García-Quílez, ha incidido en la “inexistencia de prueba de cargo para tumbar la presunción de inocencia” y ha lamentado “el deambular vacilante sobre los delitos” de los que han ido acusando a los encausados, como ayer hiciera ya la abogada de Torrijos, a la que felicitó por su “brillante informe”. El letrado ha lamentado “la falta de rigor de Mercasevilla en su acusación”, frente a la postura “más coherente y sincera” de los mayoristas de fruta “que se limitó a decir que ante la falta de pruebas sustentaban su acusación en el convencimiento moral”.
El letrado se ha mostrado “sorprendido” que el fiscal pese a “su función de garante de la legalidad” mantenga la acusación “sin pruebas”. “Indicios, indicios, indicios”, a lo que ha añadido que solo hay “meras conjeturas o suposiciones arbitrarias, absurdas e infundadas”. De hecho, ha dicho que la “persecución judicial” a la que “se ha visto sometido” Castaño desde su imputación hasta hoy se basa en un informe policial “tendencioso, frívolo y lleno de errores e imprecisiones”, que su abogado ha aclarado. Así, García-Quílez ha recordado que Castaño “ni era jefe” de los técnicos que hicieron el pliego y “ni tenía poder de decisión”, entre otras cuestiones.