«Un traje a medida». Así ha calificado la Asociación de Mayoristas de Fruta el concurso público convocado para la venta de los suelos de Mercasevilla, que fue adjudicado a la constructora Sando, cuyos directivos se sientan en el banquillo por este supuesto amaño. El abogado de la asociación asegura que se intentó «aparentar legalidad», pero se hizo «de una forma torpe e incluso burda». Aún así, ha reconocido que «no» ha conseguido «pruebas de cargo determinantes» ni «directas» contra los acusados, aunque «sí un grupo de pruebas indiciarias». Por su parte, el abogado de Mercasevilla ha insistido en el «perjuicio económico» causado a la entidad y por eso ha solicitado «la anulación del concurso» para que este «no sea aún mayor».
En su informe, el abogado de los mayoristas, Miguel Sala ha asegura que «tiene el pleno convencimiento moral de que existía la decisión de transmitir los derechos de opción de compra a Sando, sí o sí, al cualquier precio», pero ha reconocido que no ha encontrado «pruebas de cargo determinantes. No hay prueba de cargo directa», pues ha dicho que en este tipo de asuntos «es difícil que se encuentren». Lo que «sí» han encontrado «es un grupo de pruebas indiciarias, que si se valoran en conjunto, llevarían a la conclusión racional de que los hechos ocurrieron de esta manera». «Es un hecho, porque había una oferta mejor que era la de Noga», ha señalado, por eso repitió en varias ocasiones que «se hizo un traje a medida para conseguir lo que previamente se tenía decidido». No obstante, ha puntualizado que «se hizo de forma torpe e incluso burda».
CRESPO, «EL INVITADO DE PIEDRA»
El letrado de los mayoristas también ha hecho referencia a la participación «política» tanto del exportavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos y el exconcejal socialista Gonzalo Crespo. Sobre este último ha indicado que «no se ha podido acreditar su participación», pues «era un invitado de piedra» y no tienen «elementos para acusarlo». Sobre Torrijos, ha puntualizado que «no podía hacer política social con los resultados de una compañía mercantil», en referencia a que este se opuso a la subasta para evitar la especulación con el suelo y el encarecimiento final de las viviendas. A lo que ha añadido que tampoco solicitan una condena para él porque «no se ha podido acreditar que el delito societario no haya prescrito en su caso». Para el abogado, tanto el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet como el exdirector de Vía pública Domingo Enrique Castaño «están vinculados de manera directa a la operación y tuvieron una intervención importante en los hechos». «No están todos los que son, pero sí son todos los que están», ha añadido. «Los encausados se confabularon para que la opción de compra fuera sí o sí para Sando», ha concluido.
Por su parte el abogado de Mercasevilla, que también ejerce la acusación particular junto con los mayoristas, ha destacado que las operación por la que Sando se subrogó unos suelos y el posterior concurso «se hicieron de manera vinculada e inseperable» y «así se refleja en el protocolo de intenciones» firmado entre ambas entidades, por el que Sando comenzó a pagar un canon mensual por estos terrenos. Asimismo, ha señalado al abogado y exasesor de Mercasevilla Jorge Piñero como la persona que se encargó «de la labor de coordinación» del supuesto pliego amañado.
Por último, el letrado insistió en reclamar «la nulidad del concurso», pues «si no se concede, el perjuicio económico sería aún mayor»; y solicitó que se considere a Sando como responsable civil subsidiaria de los 25 millones de euros que reclama en concepto de indemnización de forma solidaria a todos los acusados.