«Estamos pidiendo seriedad tanto en el tratamiento para los problemas laborales, como para la independencia judicial». Así resumió la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, las reivindicaciones que tanto jueces como fiscales plantean a «las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial» para mejorar la Administración de Justicia.
«Hay muchos frentes abiertos y no estamos recibiendo una respuesta inmediata de las autoridades que nos tienen que dar esas respuestas», aseguró Segarra a los periodistas tras la lectura del manifiesto, en el que se recogen las 14 medidas urgentes, en una concentración a las puertas de la Audiencia Provincial a la que asistieron más de un centenar de magistrados y fiscales. Entre ellos, en un discreto segundo plano, estaba la jueza Mercedes Alaya y, a cierta distancia, su sucesora en el Juzgado de Instrucción número 6, María Núñez Bolaños.
La convocatoria a nivel nacional estaba respaldada por las cuatro asociaciones judiciales, que el pasado 16 de junio de 2017 acordaron 14 medidas que «fueron asumidas por 1.200 juntas de jueces por todo el país y contaron con la adhesión individual de 3.500 jueces y magistrados». En la misma, leyó un manifiesto por parte del presidente de la Audiencia, Damián Álvarez; el juez decano, Francisco Guerrero; y la fiscal jefe.
En el documento exigen reforzar la independencia judicial con medidas como un «proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere al Consejo General del Poder Judicial»; «la objetivación de sistema de nombramiento de altos cargos judiciales»; y la «supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos». Para «modernizar la Administración de Justicia» plantean «un plan de inversión suficiente y prolongado» que permita, entre otras cosas, «incrementar las plantas judicial y fiscal, equiparándola a la media europea, convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años»; además de la «modernización» de los edificios y la «digitalización».
Igualmente, solicitan actuaciones concretas para racionalizar la planta judicial, mejorar las condiciones profesionales y, en lo que se refiere al Ministerio Fiscal, la «derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios».
La concentración se produce diez años después de las movilizaciones que los jueces llevaron a cabo, con una huelga incluida, tras el caso Mari Luz y la sanción al juez Rafael Tirado y su secretaria por no ejecutar una condena del asesino de la niña. Segarra lamentó que «estamos igual y además con un Pacto por la Justicia roto y sin ninguna perspectiva». Por ello, «queremos hacer visible nuestra situación y pedir a las autoridades legislativas que adopten las medidas adecuadas», para lo que dijo pueden «contar con nosotros y nuestra colaboración para ello». Por su parte, el presidente de la Audiencia insistió en que el objetivo de esta concentración es «interesar una serie de medidas». «Pensamos que es hora de que estos problemas se arreglen de una vez por todas», zanjó.
