-
-
Fotografía de archivo de estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de Sevilla. / El Correo
El polémico máster de la popular Cristina Cifuentes no sólo se ha convertido en una crisis política que afecta al Gobierno de Madrid, también ayudó a destapar una fiebre de currículos falsos de otros dirigentes políticos y puso en cuestión la credibilidad de la propia universidad pública. Este miércoles, profesores de universidades públicas madrileñas salían a la calle para destacar «el esfuerzo y valor» que supone realizar un máster.
El caso de la ya expresidenta de la comunidad de Madrid sobresale por ser demasiado grotesco, con actas falsificadas y cambios de notas incluidos, pero ya se debate también sobre si la «corrupción» impera en los sistemas de selección de funcionarios (profesores titulares y catedráticos) en algunas universidades públicas del país. El «trato de favor» de la Universidad Rey Juan Carlos a miembros y afines al PP puede ser sólo un ejemplo de la mala mezcla política-universidad.
Desde las instituciones sevillanas se defiende que aquí no podría ocurrir lo mismo que en Madrid y que los másteres están sujetos a procedimientos «garantizados».
«Tenemos un prestigio internacional potente y no queremos que nos salpique el caso Cifuentes porque no tiene nada que ver. El sistema universitario público andaluz es pionero en muchas cuestiones, como en la gratuidad de las matrículas», destacan desde la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, es el que determina el marco general de regulación de los procesos de verificación, seguimiento y renovación de la acreditación de las enseñanzas universitarias oficiales. «Estos procesos garantizan la calidad de estos programas de posgrado», resaltan desde la UNIA.
En el sector privado, Jaime Javier Domingo, director de Desarrollo de Centros de CEU Andalucía, es rotundo: «Aquí no puede pasar eso. Es imposible. Tenemos protocolos académicos y de seguimiento que arrancan desde que se decide hacer el máster, lo que requiere un pensum, una ficha exhaustiva con objetivos, requisitos, exigencias del profesorado, fórmula de evaluación, etcétera. Durante el desarrollo del programa hay controles y, después, doble valoración: del cumplimiento de los requisitos del pensum y del trabajo del profesorado por parte del alumno, lo que sirve para una mejora continua», explica Domingo.
¿Y cuánto daño ha podido hacer el caso Cifuentes a la reputación de las universidades? «Analizamos el caso con prudencia, a la espera que dictaminen los órganos competentes», explica la vicerrectora de Ordenación Académica de la Universidad de Sevilla (US), Cristina Yanes, que añade que como universidad «lógicamente nos duele el daño que este tipo de noticias pueda hacernos». «Lo seguro es que no todas las universidades son iguales, y muy pocas como la nuestra, con más de 500 años de historia, casi una ciudad dentro de la ciudad, con una comunidad de 60.000 personas. La sociedad entiende que hacemos una misión importante, y sobre todo que lo que ha pasado en Madrid no puede pasar en la Universidad de Sevilla».
Por su parte, Jaime Javier Domingo sostiene que ante un caso como el de Cifuentes, «las buenas universidades salen reforzadas». «Se benefician las que pueden presumir de un marchamo de rigor académico».
Pero, ¿es posible hacer un máster sin presentarse a clase y casi sin pisar la universidad como hizo Cifuentes? Yanes defiende que no: «Un máster es como un grado, tiene sus modalidades, presenciales, semipresenciales y no presenciales. Los presenciales tienen la estructura de un grado, suelen ser en turnos de tarde para facilitar la asistencia de quienes van a clase o trabajan, pero también los hay de mañana». Por otro lado, que haya no presenciales no significa que todo se reduzca a leer un pdf en una pantalla.
«No estar en el centro no quita que haya mecanismos para que el profesor tenga fichado el tiempo que dedica el alumno, hay una actividad interactiva continua. Aunque la dinámica no sea la del aula, es igual de importante, y lo mismo cabe decir de los exámenes, que cuentan con todas las garantías», defiende Cristina Yanes, que ante la pregunta de si impera la titulitis responde que no cree que haya obsesión por los títulos.
«Es cierto –asegura– que hay personas a las que les gusta estudiar dos o tres másteres, ya sea pensando en la empleabilidad, o para reciclarse, pero no es lo común. Está más vinculado a que haya conseguido trabajo, o crea necesario seguir formándose».
El máster en el mercado laboral
¿Y es importante tener un máster para encontrar empleo? Sólo dos de cada cien ofertas de empleo publicadas solicitan contar con alguna titulación de posgrado, porcentaje que se eleva hasta el 39,2 por ciento en las ofertas que se dirigen expresamente a titulados superiores, según un informe de Adecco e Infoempleo.
La formación de posgrado no es un requisito obligatorio para optar a un puesto de trabajo, pero sí es un elemento diferenciador en la empleabilidad de un candidato, ya que, en igualdad de condiciones, los técnicos de selección elegirán al que tenga este tipo de especialización, como apunta dicho informe. De ahí que muchos estudiantes hagan un gran esfuerzo económico para adjuntarlo en su currículum vitae y por eso la indignación que ha suscitado el caso Cifuentes.
Además, entre los empleados con formación de máster o posgrado el salario puede ser hasta un 55 por ciento superior respecto a los que tienen una preparación básica (Educación Secundaria Obligatoria o similares) y de un 27,9 por ciento sobre los titulados en Formación Profesional. Eso sí, también hay estudios que dicen que los sueldos no son muy altos.
El último Barómetro de Empleabilidad y Empleo Universitarios (de La Caixa, CRUE Universidades Españolas y la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria de la Politécnica de Madrid) asegura, con los datos de 6.738 encuestas realizadas a personas tituladas de 50 universidades españolas, que un 11 por ciento de los estudiantes que cursaron un máster continúa de prácticas dos años después de haberlo terminado, sobre todo en el área de Ciencias. A su vez, hay un 18 por ciento que cobra entre 1.200 y 1.600 euros al mes, y otro 17,8 por ciento que cobra entre 600 y 1.000 euros mensuales, «especialmente mujeres». Aunque un 42 por ciento de titulados tiene un empleo indefinido y a tiempo completo, quienes tienen media jornada afirman que no encontraron un trabajo con jornada completa.
Con todo, según Adecco e Infoempleo, Madrid, Cataluña y Andalucía son las comunidades donde más se valora la titulación de posgrado.
La vicerrectora de Ordenación Académica de la Universidad de Sevilla (US), Cristina Yanes, asegura que «en el mercado laboral se le da mucha importancia, sobre todo en algunas titulaciones». «Los que son habilitantes hay que hacerlos sí o sí, si quieres trabajar, pero en las demás es muy importante el porcentaje que se plantea hacer el posgrado. Por eso brindamos una oferta en todas las ramas, amplia, variada y generalista. Este año tenemos siete másteres nuevos», apostilla Yanes.
Objetivos y requisitos a cumplir
Pero volvamos al principio. ¿Qué es un máster? Un máster o una maestría es un grado académico de posgrado que se cursa tras la licenciatura. Suele obtenerse al completar un programa de estudios de dos años, aunque dicha extensión varía de acuerdo a la universidad y al sistema educativo en cuestión. El objetivo del máster es que el graduado amplíe sus conocimientos y se especialice, pudiendo resolver problemas complejos vinculados a su profesión y capacitándose como experto en un área específica.
Para acceder al máster, primero es necesario completar los estudios universitarios y obtener el título de grado. De esta manera, al completar la maestría, el graduado habrá cursado seis años o más de estudios.
«Existen dos tipos de máster: los oficiales y los no reglados, que a veces se confunden. La oferta formativa más importante es la oficial: un estudio de posgrado que tiene todos los procedimientos de garantía», explica Yanes.
En cuanto a los no reglados, pueden tener carácter de máster –de ahí la confusión– pero siguen un sistema independiente de la titulación oficial. Las garantías de los procedimientos vienen regulados por las propias universidades. En la Universidad de Sevilla, una comisión presenta una propuesta, es evaluada por una comisión interna, y se envía también a evaluadores externos. «Estudiamos atentamente que ningún título se pise con una enseñanza oficial. Tienen fundamentalmente una vida muy corta», añade Cristina Yanes tras apostillar que también hay másteres privados como los que ofrece la Cámara de Comercio.
Algunos másteres son «habilitantes», es decir, «profesionalizantes», como el máster de bachillerato MAES, que habilita para trabajar como profesor de instituto
Yanes añade que la US puede aplicar distintas estrategias: hacerlo conjuntamente con otra universidad (en cuyo caso la memoria la deben presentar las dos universidades), o plantear «dobles másteres»: «Unimos dos que se parecen mucho y proponemos un procedimiento por el cual los estudiantes hacen una formación básica de ambos, y vemos si es posible reconocer unas optativas por otras». «Así, un estudiante por 90 créditos puede tener dos títulos de máster. Esto se hace por convenio, y puede ser nacional e internacional». Además, hay otra modalidad, la llamada Erasmus mundus, en el que participan universidades españolas y extranjeras.
Una inversión de entre 820 a 1.600 euros
En cuanto a los precios, están estipulados por las consejerías de la Junta. El precio de un crédito en un grado es de 12,62 euros y en un máster es de 13,68. Hay apenas un euro de diferencia. El año pasado, además, el Gobierno andaluz aprobó un sistema de bonificaciones por el cual, en su segundo año de matrícula, las asignaturas aprobadas se bonifican.
Un máster de 60 créditos (ECTS), de los más cortos, cuesta 820,8 euros en las universidades públicas andaluzas, mientras que los de 120 créditos o 3.000 horas tienen un precio de 1.641 euros.
Así nace un máster
El nacimiento de todo máster no es sencillo. Así lo detalla la vicerrectora de Ordenación Académica de la Universidad de Sevilla (US): «Hay una propuesta por parte de una comisión académica, que se presenta al gobierno de la US. Dicha propuesta es valorada, y si se considera estratégica y pertinente, se solicita a la Junta de Andalucía para que, después de ser también valorada, nos autorice a implantarla. Se elabora entonces una memoria de verificación, se justifica, se detallan asignaturas, los recursos que hay... Posteriormente, se envía a la Agencia Andaluza del Conocimiento, donde unos evaluadores externos examinan el contenido académico del máster. Si el informe definitivo es favorable, implantamos el máster en la Universidad. Y cuando los másteres empiezan a funcionar, son objeto de evaluación anual y también cada cuatro años. Si no pasan ese examen, los eliminamos».
Desde la UNIA se explica que las propuestas de nuevas enseñanzas deben someterse a un proceso de evaluación anterior a su implantación denominado verificación y, transcurridos cuatro años a un proceso de evaluación que incluye una visita de expertos externos a la universidad. Además, la universidad entre estos dos procesos lleva a cabo el seguimiento anual del desarrollo de las titulaciones implantadas, de acuerdo con su sistema de garantía interna de la calidad.
Los títulos propios también están sometidos «a un sistema de garantía de calidad interno de la universidad que vela por la calidad de los mismos». Este sistema integra distintos procedimientos relativos tanto a la recogida y análisis de la información sobre diferentes aspectos del plan de estudios, como al modo en que se utilizará esta información para el seguimiento, revisión y la toma de decisiones de mejora del mismo.
Cronología del ‘caso Cifuentes’
21 de marzo: el cambiazo
Eldiario.es publica que Cristina Cifuentes habría obtenido un título de máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) con notas falsificadas. El digital asegura que la presidenta habría dejado dos asignaturas pendientes de presentarse pero dos años después una funcionaria cambió los «no presentado» por «notable». El rector de la URJC, Javier Ramos, atribuye el «no presentado» a un error de transcripción. Cifuentes dice que no piensa dimitir por lo que califica de «acusaciones falsas» y remite a los medios varios documentos: matrícula, pago de tasas y calificaciones.
22 de marzo: con tres firmas
Cifuentes cuelga un vídeo en Twitter en el que afirma «no me voy, me quedo», y aporta el acta del Trabajo Fin de Máster (TFM) «firmada por las tres miembros del tribunal» y la calificación del mismo, «en el que por cierto saqué un notable», apunta. La URJC abre procedimiento administrativo para «aclarar» lo sucedido.
26-27 de marzo: lo niega
Cifuentes comparece ante el Comité Ejecutivo del PP y niega todo tipo de «trato de favor». Los grupos de la oposición registran una petición para celebrar un Pleno extraordinario en el que Cifuentes aclare este asunto. Se fija para el 4 de abril. El 28 de marzo el rector de la URJC pide un observador externo para «ampliar la transparencia».
2-3 de abril: fecha sin cuadrar
Se publica que Cifuentes se habría matriculado en el máster tres meses después de que empezaran las clases. Pedro Sánchez (PSOE) anuncia medidas contundentes si Cifuentes no aclara dudas; Albert Rivera (Cs) afirma que el caso «huele mal»; y Pablo Echenique (Podemos) traslada a Cs la responsabilidad de sostener a la presidenta madrileña. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) designa a dos «observadores externos». Un día después, Mariano Rajoy califica de «bastante estéril» la polémica.
4-5 de abril: acta prefabricada
Se publica que el acta del TFM se fabricó pocas horas después de la primera información periodística y tiene dos firmas falsificadas. Cifuentes defiende la legalidad de su máster en la Asamblea y exhibe una serie de documentos con el sello de la URJC para acreditarlos. Aclara que pudo defender su TFM siendo delegada del Gobierno en Madrid el día de la celebración de la Eurocopa de 2012. Y si no lo había presentado, dijo, es «porque no lo he podido encontrar aún». El PSOE-M aprueba la presentación de una moción de censura con el apoyo de Podemos. Cs propone una comisión de investigación.
5 de abril: falsificaciones
Se publica que el tribunal que evaluó el TFM de Cifuentes nunca se reunió y que las tres profesoras que supuestamente lo integraban nunca han formado parte de un órgano de este tipo. Se falsificaron sus firmas. La URJC remite a la Fiscalía los datos recabados en la investigación y ésta abre diligencias tras las denuncias de asociaciones de estudiantes.
6-10 abril: primera dimisión
El catedrático Enrique Álvarez Conde, director del máster, reconoce que el día que saltó la polémica aceptó el encargo del rector de la URJC, Javier Ramos, de «reconstruir una hipotética acta» del tribunal de evaluación. Dice que no se puede constatar que Cifuentes defendiese su trabajo. Cifuentes comparece ante los medios durante la Convención Nacional del PP en Sevilla para reiterar que cursó su máster y presentó el trabajo final, por lo que no dimitirá. El 7 de abril, Cs da un plazo de 48 horas a Cifuentes para apoyar la comisión sobre el máster. El PP acepta. El 10 de abril el caso se cobra su primera dimisión: Laura Nuño, subdirectora del Instituto de Derecho Público (IDP) de la URJC, cuyo nombre y firma falsificada aparece en varias actas.
11-17 de abril: un despido y una fuerte presión política
La CRUE ve «graves irregularidades» en el proceso. Fuentes del PP de Madrid aseguran que la presidenta deja su futuro en manos de Rajoy. El día 13, el rector suspende de sus funciones al director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde. Cuatro día después, Cifuentes renuncia al máster en una carta enviada al rector, pide disculpas pero insiste en que ella no ha cometido «ninguna ilegalidad». Fuentes del PP admiten que están ganando tiempo y el objetivo es apurar hasta mayo, el límite que marca la presentación de la moción de censura que podría apoyar C’s.
24 de abril: a la espera de lo que pase en la moción
Cifuentes reitera que no dimitirá y cree que su salida del Ejecutivo regional depende de si Ciudadanos quiere darle el Gobierno a «la izquierda radical y a la izquierda de Pedro Sánchez».