Casi 9.000 dependientes mueren al año en Andalucía sin tener resuelta su prestación

El año pasado, 8.771 personas que habían solicitado la atención a la dependencia en Andalucía fallecieron a la espera de que se resolviera su prestación. Es el terrible dato que arroja el XXIV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, que elabora cada año la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

La cifra es aún más sangrante cuando se desgrana y se mira al detalle. De los más de 8.000 fallecidos, 4.800 (el 13%) habían realizado una solicitud y estaban a la espera de resolución de grado. Los casi 4.000 restantes (el 11%) ya habían sido valorados y se les había reconocido su derecho a la prestación, pero nunca llegaron a recibirla.

La Asociación señala en su informe de las "trabas burocráticas" de Andalucía, que ralentizan el proceso de resolución de los expedientes. De hecho, Andalucía lidera el ranking de las comunidades con sus listas de espera en dependencia más saturadas, sólo por detrás de Canarias. Frente al máximo de 180 días que marca la Ley, quienes solicitan la ayuda en la comunidad tienen que esperar 564 días hasta recibir la prestación que le corresponde.

En 2021, el Ministerio de Derechos Sociales impulsó el Plan de Choque en Dependencia, que tenía como objetivo prioritario reducir las listas de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes. Sin embargo, la Asociación considera que dichos objetivos no se han cumplido.

El dictamen asegura que "a pesar del incremento presupuestario del Plan de choque", la tendencia en España es ir "hacia un sistema low cost cuyas prestaciones y servicios no cubren las necesidades de las personas en situación de dependencia". Y como ejemplo de ello citan la teleasistencia.

Andalucía cubre expedientes con lo mínimo

De todas las prestaciones de Servicio de Ayuda a Domicilio que se dieron en España en 2023, el 46% se concentraron en Andalucía. La teoría es que esta prestación incluye actuaciones en el ámbito de la alimentación y la ingesta de alimentos, el vestido, el mantenimiento de la vivienda, la higiene personal, la movilidad y de ayuda en la vida familiar y social. La realidad es que el número de horas concedidas es mínimo y no llega a cubrir las necesidades de sus beneficiarios.

Uno de los muchos casos de este tipo es el de Marina (nombre ficticio). Su madre, de 95 años, tiene reconocido el Grado I de dependencia. Según la ponderación de la Junta de Andalucía, sólo le corresponde una hora a la semana de ayuda a domicilio; una ayuda a todas luces insuficiente y que lleva más de cinco meses esperando. Gracias al ayuntamiento de su localidad, Marina consiguió que a su madre le otorgaran una ayuda a domicilio de tres visitas a la semana de una hora de duración. 

Entre Marina —que, además, sufre una condición crónica— y sus hermanos se turnan para cuidar de su madre. Aún así, no alcanzan para cubrir las 24 horas del día, por lo que la pensión que recibe se destina íntegramente a pagar de su bolsillo a una cuidadora. "Te tienes que buscar otra alternativa", se resigna. Marina y su familia saben de primera mano lo que es batallar contra la burocracia y los tiempos de la Junta de Andalucía: a su padre le llegó la ayuda que tenía reconocida tres meses después de fallecer. Por desgracia, el caso de esta familia está lejos de ser una excepción.

El análisis territorializado del Dictamen pone de manifiesto que el pasado año la Junta de Andalucía concentró la gran mayoría de las prestaciones en servicios de proximidad en el domicilio: teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio y prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. Desde la asociación señalan que estos servicios son mucho más económicos para la administración que otros como la atención residencial o semiresidencial, que sólo supusieron el 9% de las nuevas atenciones otorgadas en 2023.