De interino a fijo sin examen: más de 100.000 funcionarios andaluces esperan la decisión del TJUE

Para poder obtener una plaza fija de funcionario es necesario aprobar varios exámenes de oposición, sin embargo, muchos trabajadores interinos podrían saltarse este paso tras varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La justicia europea ha pedido a España que tome medidas para reducir la temporalidad y ahora miles de funcionarios andaluces están a la espera de la decisión definitiva que pueda tomar.

Este lunes, el Tribunal Supremo ha anunciado que pedirá a la justicia europea que aclarase si obliga a España a hacer fijos a los miles de funcionarios que llevan años en situación de temporalidad. En concreto, el TJUE condenaba a nuestro país por "abusar" de este tipo de contrataciones.

Andalucía tiene 106.964 interinos entre las distintas administraciones, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), aun así, en la Junta de Andalucía no aclaran cuántos trabajadores podrían verse beneficiados por esta situación. Esta cifra la convierte en la comunidad autónoma con más funcionarios temporales de España, donde hay 755.000 empleados públicos en situación interinidad, un tercio del total de la plantilla.

La interinidad, una práctica habitual

La interinidad ha sido una práctica muy extendida en la administración española y ahora, el TJUE parece querer ponerle fin. Una de las puertas que ha abierto el Tribunal europeo es hacer fijos a todos estos empleados públicos temporales de forma automática, sin pasar por un proceso de estabilización como marca la normativa española.

Los trabajadores interinos tienen que aprobar un proceso de oposición para poder obtener una plaza fija de empleo público, aunque, a diferencia de quienes nunca han ocupado una plaza, su experiencia laboral suma en positivo. Si el TJUE se manifiesta a favor, esto no sería necesario para muchos empleados que llevan más de tres años como interinos.

Según el Supremo, ocupar una plaza como interino durante más de tres años para satisfacer las necesidades de la administración se considera una situación de abuso

El Supremo sostiene que si un trabajador público ocupa una plaza vacante o concatena contrataciones durante más de tres años para satisfacer las necesidades de la administración, se produce una situación de abuso. Sin embargo, el sistema español no frena la creación de este tipo de contratos.

La medida no afectará a todos los interinos

Aunque la decisión definitiva no está tomada, la justicia española ya ha declarado fijos a algunos interinos basándose en el dictamen del tribunal de Luxemburgo. La primera sentencia relacionada con esta resolución europea se produjo en marzo en Sevilla. Una docente sevillana que trabajaba en un instituto desde hacía 14 años con un contrato de interinidad por vacante ganó un juicio y fue declarada como fija.

Desde Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que espera que se produzcan muchas más sentencias en los próximos meses, explican a El Correo de Andalucía que "no es una cosa que se pueda generalizar", ya que las sentencias europeas se centran en tres casos muy concretos y temen que se "generen expectativas en gente que no cumple con los requisitos". Pese a todo, confían en que la sentencia del Supremo y la petición realizada al TJUE aclare quienes son los funcionarios andaluces que se pueden ver beneficiados por esta situación.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa que maneja el CSIF, la temporalidad en el empleo público español supera el 30%. "Vamos a pedir a las administraciones que rindan cuentas, que se endurezcan las medidas frente a las administraciones que no cumplan la Ley y que se elimine de una vez por todas la tasa de reposición", señala el sindicato, que espera que la interinidad no supere el 8% a finales de este año.

La decisión no es inmediata

Además del TJUE, el Tribunal Constitucional también ha admitido una cuestión relacionada con la reducción de temporalidad del sector público. En concreto, el Tribunal de Castilla-La Mancha, recurrió dos disposiciones sobre la ley de reducción de la temporalidad en el empleo público aprobada en 2021.

Este proceso no se producirá de un día para otro. Una vez el tribunal de Luxemburgo se pronuncie al respecto, la toma de decisiones no será inmediata en España, ya que, si finalmente obliga a estabilizar a estos trabajadores, haría falta cambiar algunas normas nacionales, por lo que el proceso podría alargarse.