Andalucía no tendrá problemas para adaptar a sus interinos a las exigencias europeas

Los funcionarios interinos andaluces están expectantes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha exigido a España que tome medidas para reducir la temporalidad en su sector público. Ahora, la Administración se han puesto las pilas para poder cumplir con la normativa que impone Bruselas, aunque desde la Junta aseguran que no tendrán ningún problema para responder a lo que pide el TJUE.

"La última polémica, por llamarlo de alguna forma, que se ha producido entre el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la estabilización y la regularización de estos trabajadores interinos no tendría por qué ser un problema en la administración andaluza", confirma a El Correo de Andalucía el director de la Secretaría General para la Administración Pública, Arturo Domínguez. Según la justicia europea, España "abusa" de la figura de los funcionarios interinos y ha pedido a las administraciones que tomen medidas para reducir la temporalidad en el empleo público.

En Andalucía, la interinidad rondaba el 30% aunque el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, aseguraba en sede parlamentaria que en estos momentos se encuentra en el 8% y quieren seguir bajándola hasta el 5%. El director de Función Pública explica que por delante tienen todavía los seis meses "más importantes" para conseguir estos objetivos. En la segunda mitad del año la Junta tiene pendiente la publicación de los listados definitivos y de los destinos y las tomas de posesión. "Cuando se culminen estos procesos, que todos están en tiempo y formas para poderse cumplir que antes del 31 de diciembre estén finalizadas las tomas de posesión, estaremos en las cifras que dijo el consejero o incluso alguna décima por debajo", confirma Domínguez.

Menos restricciones para contratar interinos

Es cierto que la última modificación que se hizo de la ley de Función Pública facilitaba el contrato de personal interino, sin embargo, Domínguez defiende que esto se produce solo en los casos necesarios. Según defiende el director de la Administración Pública andaluza, esto solo supone la supresión más de un "rito burocrático que de verdad de un auténtico ejercicio de control".

Serán las propias consejerías, sin el visto bueno de la Consejería de Función Pública quienes puedan contratar a personal temporal para suplir las bajas o las jubilaciones. "Es simplemente una cuestión de simplificación administrativa", insiste Domínguez para explicar que estos puestos están presupuestados por lo que estos contratos solo permanecen vigente hasta que se convoca un nuevo proceso selectivo.

El alto cargo de la Consejería sostiene que, gracias a la ley de Función Pública aprobada en 2021, en Andalucía "se producirá la estabilización de acuerdo con la ley de las personas que sus plazas salieron en el proceso de concurso". "Contamos con que, después de los procesos de estabilización, la mayor parte de la gente va a estabilizar su plaza y aquellos que, a pesar de haber tenido la oportunidad con la ley 20/2021, no lo consolidarán, pues haremos lo que diga la doctrina del Tribunal Supremo, aunque pensamos que será puntual", asegura el director de la Administración Pública.

La Junta acatará las decisiones del TS

Domínguez explica que estas cifras se han alcanzado "simplemente con trabajo", aunque reconoce que ha supuesto "mucho esfuerzo". En esta estabilización la Consejería de Función Pública ha trabajado mano a mano con la Agencia Digital de Andalucía (ADA) para poder acelerar todos los procesos y los nombramientos. De hecho, agradece que la ADA "haya ido poniendo los sistemas y las tecnologías necesarios para que podamos ir resolviendo los problemas". Además, subraya que "las comisiones han ido baremando con los plazos establecidos". "Se cumplirán los compromisos en tiempo y formas", sentencian.

Pensamos que con el volumen de plazas que hemos ofertado en estabilización, en Andalucía el número de afectados tendrán carácter casi marginal

Arturo Domínguez

— Director de la Secretaría General para la Administración Pública

Domínguez reconoce también que desde la Consejería deberán hacerse cargo de las indemnizaciones que marque el Tribunal Supremo "Pensamos que con el volumen de plazas que hemos ofertado en estabilización, en Andalucía el número de afectados tendrán carácter casi marginal", insiste. Eso sí, el alto cargo puntualiza que estos datos se reducen a los trabajadores de la Administración General de la Junta y que no afecta a empleados públicos de la comunidad.

En el aire queda todavía qué ocurrirá con los empleados públicos temporales que trabajan en Andalucía dependientes del resto de administraciones públicas. En la comunidad autónoma hay, en estos momentos más de 100.000 funcionarios interinos, algunos de los cuales podrían convertirse en fijos. El Tribunal Supremo ha pedido al TJUE que aclare qué recomendación le hace a España y si, definitivamente, se convertirán en fijo a miles de interinos sin pasar por un proceso de estabilización.