El caso de los ERE en una semana decisiva: “Nadie nos va a devolver nuestra vida”

El pasado martes, en la habitual rueda del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández Pacheco, entonaba una de las preguntas que más veces oímos en boca del PP: “Dicen que no existió caso de corrupción, ¿dónde están los 680 millones de euros de los ERE?”.

La pregunta demuestra con claridad cómo se ha tratado un caso de corrupción y fraude complejo y con una fuerte carga política desde el primer día de una instrucción, dirigida por la jueza Mercedes Alaya. Desde el minuto uno, la magistrada, hoy con asiento en la Audiencia de Sevilla que deberá reescribir las sentencias de los principales condenados por orden del Tribunal Constitucional, apuntó al complot político y a la “cúspide de la pirámide” del Gobierno socialista en Andalucía.

El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno sabe perfectamente dónde está la mayor parte de ese dinero porque sigue abonándolo cada año. Está en el bolsillo de prejubilados andaluces que recibieron esa ayuda sociolaboral de la Junta. Un fondo de Empleo, la partida 31.L, que según dictaminó la Audiencia de Sevilla y luego el Tribunal Supremo, permitió repartir dinero público de forma “ilegal”, arbitraria y discrecional, pero que fue al bolsillo de los prejubilados.

De cuánto fue el fraude

Los números de los ERE señalan que se dieron 680 millones de euros en una década a unos 6.000 prejubilados andaluces. El fraude existió pero la mayor parte del dinero terminó en el bolsillo de muchos trabajadores de empresas en crisis que echaron el cierre en forma de complementos a sus pensiones. En las últimas fechas, el Consejo Consultivo de Andalucía incluso ha ordenado que se sigan pagando esas cantidades pese a que hay pólizas de Expedientes de Regulación de Empleo que han sido condenadas por la justicia. No se puede pedir a estos trabajadores que devuelvan el dinero cobrado. No existe la posibilidad de reintegro con carácter retroactivo. En los últimos datos oficiales dados por el Gobierno de Moreno en Andalucía, en una respuesta parlamentaria, abonaron en 2020 casi 13 millones de euros a prejubilados beneficiados por los ERE.

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Nunca se ha conocido con exactitud la dimensión real del fraude porque desde el primer momento se elaboró la teoría de una gran trama política para mantenerse en el poder y la instrucción no bajó al detalle de lo que de verdad se había robado, que también fue importante. El periodista Antonio Salvador, que estaba en El Mundo cuando se destapó el caso y que ahora forma parte de la RTVA, es uno de los que con más precisión quirúrgica ha puesto números a la trama. Y, bajo sus cuentas publicadas, el dinero defraudado se concreta 80,8 millones. De estos, 36,6 millones forman parte de ayudas sociolaborales, 6,6 millones de intrusos que se colaron en las pólizas de los ERE y nunca habían trabajo en las empresas, y 30 millones de sobrecomisiones. El resto, 44,2 millones son de ayudas directas a empresas.

La equis de los ERE

Es una de las cosas que nunca ha cuadrado en el caso de los ERE. Si la Audiencia y el Supremo cifran el fraude en 680 millones de euros, por qué nunca se ha pedido a los prejubilados que devuelvan el dinero, por qué la justicia ha dicho que no tienen que devolver esas ayudas, por qué se consideran esas subvenciones a los trabajadores legales.

“A mi no van a restituir nunca. Es imposible. No me van a restituir porque ahora digan que se equivocaron o que no me debían haber inhabilitado. Han sido diez años. Quién me devuelve todo ese tiempo de vida. Cómo se va a restituir una vida”, explicó Magdalena Álvarez en una entrevista en Sur. “Lo único que quiero es que mis nietos no se tengan que avergonzar de mi y cuando entren en internet no lean que su abuela es una corrupta porque no lo es y vean que no me llevado dinero. Nadie ha dicho que yo me he llevado dinero”, apostilló.

Esta semana es decisiva porque el Tribunal Constitucional, tras anular parcialmente la condena a la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, dictará sentencia sobre cinco condenados con cárcel, lo que podría suponer su salida inmediata de prisión. Francisco Vallejo (exconsejero de Innovación), Antonio Fernández (exconsejero de Empleo), Jesús María Rodríguez Román (exviceconsejero de Innovación), Miguel Ángel Serrano Aguilar (exdirector general de la Agencia IDEA) y Carmen Martínez Aguayo (exconsejera andaluza de Economía y Hacienda), que ya tiene el tercer grado. Se ha conocido el borrado del dictamen sobre la exconsejera de Hacienda y el Constitucional se inclina por anular su condena por malversación. El día 16 vendrá el turno de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

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Hasta ahora lo que se ha conocido es que toda la sentencia de los ERE que se basa en el argumento de que el Presupuesto andaluz se elaboró a sabiendas de la ilegalidad para desviar dinero público de los parados andaluces se ha caído en el Constitucional. Esa argumentación ha sido derribada. El Presupuesto es una ley legal, avisan, y su aprobación depende del Parlamento andaluz, no de los consejeros de Hacienda ni del Consejo de Gobierno. Ahí no cabe la prevaricación ni la malversación.

Ahora el PSOE se prepara para rehabilitar a sus caídos. Tras esconderlos durante años, tras dejar un agujero negro en el legado socialista de 23 años, en homenajes a la autonomía andaluza que borraron de un plumazo los 19 años de gestión de Manuel Chaves y los cuatro en la presidencia de José Antonio Griñán. Tras años en los que Ferraz no ha tenido gestos de apoyo, ni públicos ni privados. Todo ha cambiado en las últimas semanas. El agotamiento en los que han estado en la diana durante años es absoluto. Ni que decir de los que siguen en la cárcel desde hace ya año y medio. “¿Quién nos va a restituir, qué? Ya es imposible”, avisan.

El PSOE piensa darles homenajes y hablar de la "máquina del fango", "de la mentira" y del "complot judicial", quieren que les pidan perdón. El PP piensa seguir insistiendo en que los ERE es el mayor caso de corrupción de la democracia y preguntará muchas veces dónde está el dinero. Imagino a Carmen Martínez Aguayo, posiblemente la política más injustamente condenada en todo este caso, que ha estado año y medio entre rejas, escribiendo cartas cargadas de dolor pero también de sensatez y humanidad a quienes se interesaban por ella. La imagino asistiendo desde su casa al espectáculo, viendo como las que la dejaron sola quieren homenajearla y quienes la machacaron siguen haciendo oídos sordos al Constitucional y me pregunto qué pensará. Posiblemente lo mismo que Magdalena Álvarez: "A mí no me van a devolver mi vida".