El abogado de Antonio Fernández pide su libertad y tacha la situación de "discriminación"

El abogado que ejerce la defensa del exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández,  Alfonso Martínez del Hoyo, ha recriminado que su defendido siga en prisión pese a que el Tribunal Constitucional (TC) haya anulado la condena a siete años, once meses y un día de prisión que le impuso la Audiencia de Sevilla por malversación en el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.

Para el letrado, su representado sufre una "situación verdaderamente kafkiana" y de "discriminación", insisitendo en la demora que está sufriendo sin que se haya ordenado aún su puesta en libertad.

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, el abogado del exconsejero ha recordado que el Constitucional ha estimado parcialmente su recurso de amparo y ha anulado tanto la sentencia inicial condenatoria de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, como la posterior sentencia del Supremo que desestimó su recurso de casación contra dicha condena a siete años, once meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por 19 años, seis meses y un día, por un delito continuado de prevaricación en concurso con otro delito continuado de malversación.

Además de anular tales sentencias, el TC ordena a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva resolución respecto a Antonio Fernández, aplicando los fundamentos jurídicos incorporados por el Constitucional al asunto.

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Al punto, Martínez del Hoyo ha señalado que Fernández continúa en la cárcel, pese a que en el caso de otros de los condenados a cárcel por este caso cuyos recursos de amparo han sido estimados al menos en parte por el TC, como por ejemplo el exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, los mismos "han recuperado la libertad después de que desde el Tribunal Constitucional de inmediato se remitiera a la Audiencia un simple anticipo del fallo, incluso estando aún sus sentencias sin formal promulgación y firma".

Una "situación insólita"

Así, ha señalado que Antonio Fernández sufre una "situación insólita" porque sigue en prisión incluso cuando este mismo martes la sentencia del Constitucional relativa a su caso "ha sido formalmente notificada" a las partes, "una vez firmada electrónicamente por el tribunal".

"La razón de esta situación insólita es que no se ha producido comunicación alguna desde el TC a la Audiencia y ésta no considera suficiente ni la publicación de la sentencia en la web del Constitucional, ni la notificación formal de la misma a la parte en un proceso no seguido ante la propia Sala. La Audiencia entiende como condición imprescindible, antes de adoptar ninguna decisión sobre la situación personal de Fernández, que desde el TC le sea directamente comunicada la sentencia o su fallo, igual que en el caso de los otros demandantes de amparo, lo cual resulta comprensible y así lo hemos de asumir", explica el letrado.

Es más, Martínez del Hoyo detalla que en ese marco, le consta que la Audiencia "ya se ha dirigido formalmente" requiriendo esa comunicación al TC, que de su lado "ha dictado hoy una diligencia acordando la remisión de la sentencia al Supremo y a la Audiencia", pero "sin precisar cuándo, ni por qué medios o celeridad se hará tal comunicación".

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"Tratamiento discriminatorio"

Ante ello, el abogado avisa de que Antonio Fernández sufre "una situación verdaderamente kafkiana, gravísimamente lesiva del supremo derecho a la libertad personal"; alertando de que el exconsejero "no debería permanecer privado de libertad ni un minuto más" y de que el mismo padece "un tratamiento discriminatorio y desigual" con relación a los encausados cuya libertad sí ha sido ordenada y que se encontraban en la "misma e idéntica situación de sentencia de condena anulada".

Estas advertencias, según Martínez del Hoyo, las ha elevado él mismo este pasado lunes en un "escrito presentado ante el TC", documento "que no ha habido por ahora reacción".

También estaría en una situación parecida el exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román, condenado por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación a seis años y dos meses de prisión y 15 años y dos días de inhabilitación, cuyo recurso de amparo fue igualmente estimado de modo parcial por el TC, con la anulación de su condena para que la Audiencia dicte nueva resolución teniendo en cuenta los criterios incorporados a este caso.