La intervención censura que Salud dio 300 millones a dedo y da alas a las denuncias del PSOE

El PSOE-A ya habla de "el mayor caso de corrupción sanitaria de nuestra historia". Un informe del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que analiza 3.669 expedientes que supusieron 296,3 millones de euros revela, según los socialistas, "graves irregularidades" en el reparto de fondos a las empresas privadas. Esto da motivos a la oposición, avisan, para cumplir con las advertencias que anuncian desde marzo para llevar la gestión de la Consejería de Salud y Consumo a la Fiscalía.

En un informe adelantado por eldiario.es, los interventores del SAS alertan a la Junta de que "el 98% de las contrataciones de 2020 y 2021" estudiadas presentan irregularidades, algo que el PSOE había denunciado en numerosas ocasiones. Durante esa época, según el expediente, la Consejería, apoyándose en el sistema de contratación de emergencia surgido en la pandemia derivó dinero a las empresas privadas con el que se aminoraban los controles habituales. Aunque los responsables de la cartera apuntaban a la reducción de las listas de espera para desarrollar estos contratos, el informe sostiene que estas acciones "no estuvieron justificadas".

Ya en abril, el grupo socialista en el Parlamento pidió una comisión de investigación ante la "opacidad" existente y tras, según aseguraban entonces, haber encontrado contratos "claramente irregulares". Sin embargo, la mayoría absoluta del PP impidió que se pudiera celebrar. "Los andaluces deben tener una explicación ante un sistema opaco, sin concurrencia y absolutamente arbitrario en el que la Administración adjudica a dedo la contratación", señalaba en rueda de prensa el secretario de Comunicación Política del PSOE-A, Josele Aguilar. Pese a estas declaraciones, los socialistas no acudieron a la justicia.

Espadas señala a Moreno y Aguirre como responsables

Fuentes socialistas lamentan a El Correo de Andalucía que no se les ha "facilitado el informe", aunque sí que pudieron verlo y tomar anotaciones, que ahora estudian. "Es más fácil que se lo den a un ciudadano normal que que nos lo den a nosotros como partido de la oposición", denuncian. Estas mismas voces confirman que siguen en proceso de investigación y que "no se descarta ningún tipo de acciones legales".

"Ahora ya conocemos porque se niegan, porque hay mucho que esconder y ya vemos porque han ido cesando a los altos cargos sin razones justificadas", ha señalado la portavoz de Salud del Grupo Socialista, María Ángeles Prieto. Estos informes de los interventores se suman, tal como ha recordado la diputada socialista, al que ya emitió la Cámara de Cuentas sobre los mismos contratos de emergencia. Eso sí, desde el PSOE-A avisan de que "todavía" no se conocen las dimensiones totales de estos informes.

"Llevamos en ello más de un año ejerciendo nuestra labor de fiscalización en la oposición", ha señalado en redes sociales el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas. Espadas apunta directamente al exconsejero de Salud y actual presidente de la Cámara autonómica, Jesús Aguirre, y al presidente de la Junta, Juanma Moreno como responsables últimos de estas irregularidades y les acusa de votar en contra de la comisión de investigación que propuesto el PSOE. Además, pone el foco sobre los despidos de los ex altos cargos de la Consejería, que han salido uno tras otro "sin dar explicaciones".

Salud, en el punto de mira de la oposición

Estos contratos se produjeron bajo la gerencia del que después fue viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán. El que fuera gerente del SAS entre 2019 y 2022 abandonó sus responsabilidades en Salud a finales de diciembre de 2023, 15 días después de acreditar un hospital de Asisa en Málaga y poco después fue fichado por la misma empresa de seguros privados para ocupar un puesto de responsabilidad. Finalmente, la ley de incompatibilidades frenó esta contratación que, a día de hoy, no se ha retomado todavía.

La diputada ha insistido en que la formación no ha tomado todavía ninguna decisión al respecto, pero sí que ha defendido que van "a poner todos los medios posibles para que se llegue hasta el final". "Se han hecho a dedo, saltándose todos los controles previstos", ha insistido Prieto, que ha destacado las empresas que se presentan para ofrecer servicios sanitarios "cumplen los requisitos, se garantiza que son apropiadas" por lo que "al saltarse esos procedimientos reglados, no hay garantías". Así, sostiene que con estas acciones los populares han buscado "favorecer intereses privados".

"Esto es la punta del iceberg, es un escándalo y un problema muy grave", ha subrayado para denunciar que con estas derivaciones "a dedo" se perjudica" el derecho que tiene la gente de recibir atención sanitaria de calidad". Las críticas de la oposición por los acuerdos de la Consejería de Salud con las empresas privadas han sido una constante desde la llegada de Moreno al Gobierno de la Junta. Desde Adelante Andalucía hasta Vox, todas las formaciones de la oposición han denunciado las derivaciones de dinero por parte de la cartera ahora dirigida por Rocío Hernández hacia clínicas y hospitales privados.