Ecologistas retrasa la apertura de la mina de Aznalcóllar: la Junta no respondió un recurso en plazo

Nuevos obstáculos para que pueda ponerse en marcha la mina de Aznalcóllar, cuya concesión recae en la empresa Minera Los Frailes (participada por Grupo México). Este lunes, Ecologistas en Acción da por suspendida la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la reapertura de explotación minera de la denominada "Zona de Aznalcóllar", en la provincia de Sevilla, por "imperativo legal".

La organización registró un recurso de alzada ante la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, contra dicha autorización, concedida por el Gobierno andaluz en agosto. En este escrito, la ONG argumentó "las graves irregularidades legales" en las que había incurrido la autoridad ambiental al otorgar esa autorización que "constituyen motivos de nulidad de pleno derecho de la misma". Pasado un mes desde esa solicitud de suspensión, la Consejería no ha respondido y, por tanto, según Ecologistas, quedaría "suspendida por imperativo legal", según el artículo 117.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo si no se produce esa contestación el plazo estipulado.

La Junta da la luz verde ambiental definitiva a la apertura de la mina de Aznalcóllar

Una suspensión "temporal" sin carácter "definitivo"

La Consejería de Sostenibilidad, por su parte, asegura que "tal como se estipula en el marco legal, al haber transcurrido un mes desde la recepción de dicho recurso de alzada, la AAU queda en suspensión automática". Desde este departamento de la Junta de Andalucía subrayan que "esta suspensión es temporal y no implica una cancelación definitiva de la Autorización Ambiental Unificada". "Una vez que el recurso sea debidamente evaluado y resuelto por los servicios competentes, se procederá según lo que determinen los servicios jurídicos de la Consejería", afirma.

La Consejería de Sostenibilidad afirma que este recurso se resolverá en próximas fechas, garantizando tanto la protección del medio ambiente como el adecuado desarrollo de los proyectos que se someten a la autorización ambiental

Desde la Consejería, que cuenta con una nueva titular, Catalina García, tras la reciente reforma del Ejecutivo andaluz del mes de julio, se reitera "el compromiso con la transparencia y con el cumplimiento estricto de la normativa medioambiental vigente. Medio ambiente confía en que "este recurso se resolverá en próximas fechas, garantizando tanto la protección del medio ambiente como el adecuado desarrollo de los proyectos que se someten a nuestra autorización".

Fuentes de la empresa minera aseguran que no están preocupados por esta cuestión administrativa, que no supondrá un retraso en los plazos que manejan

Otros trámites pendientes

Fuentas de la empresa minera consultadas por este periódico aseguran que no están preocupados por esta cuestión administrativa, que no supondrá un retraso en los plazos que manejan, ya que todavía estaban pendientes distintos trámites con la Consejería de Industria, Energía y Minas.

La AAU permitiría la inminente "fase de preparación", pero antes de comenzar la actividad minera, que se iniciará previsiblemente en 2027, están pendientes los últimos trámites, como la resolución de autorización del proyecto de explotación y una propuesta de plan de restauración, que la emitirá la delegación provincial de la Consejería de Industria, Energía y Minas. Una vez en ese punto, ha añadido, se abriría el trámite de audiencia para que la dirección general de Minas emita la resolución de autorización final.

El consejero de Industria, Jorge Paradela, afirmaba el 17 de agosto en una entrevista a la agencia Europa Press que, "aunque siempre soy cauto dando plazos, nuestra previsión es que si todos estos pasos administrativos van bien, que en el último trimestre del año se cumplan todas las autorizaciones".

Los motivos de la impugnación de los ecologistas

Entre los motivos de impugnación incluidos en el recurso de alzada de Ecologistas en Acción están el incumplimiento de la obligación de información y participación pública previa del condicionado ambiental que se incluye en la AAU. Además, según los ecologistas, tampoco se ha realizado una evaluación ambiental estratégica en todos los términos municipales afectados.

Por otro lado, la modificación de las cantidades anuales del vertido tóxico al Guadalquivir, tampoco tuvieron el período preceptivo de información pública. La autorización de vertido se aumentó, pasando de 2.600 a 4.000 millones de litros anuales durante la fase operativa de 17 años. Según Ecologistas en Acción, también se habría incumplido la obligación de realizar una adecuada Evaluación de Impacto Ambiental de ese vertido tóxico, a lo largo de todo el espacio protegido de Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir.

Tampoco se habrían analizado "los efectos tóxicos, acumulativos y sinérgicos" que se producirán junto con la nueva mina subterránea de Cobre Las Cruces en Gerena, que igualmente verterá sus aguas residuales industriales, igualmente tóxicas, al Estuario del Guadalquivir.

Además, la información difundida por la ONG ecologista asegura que también se ha omitido en la AAU el obligado informe realizado por el Consejo de Participación de Doñana, obligado por la ley y la evaluación del impacto ambiental que la reapertura de la mina de Aznalcóllar va a producir en las aguas subterráneas del acuífero de Gerena.

Ecologistas en Acción pide a las administraciones competentes que "reconsideren y revisen la Autorización Ambiental Unificada otorgada"

Una mina atascada en trámites ambientales y procesos judiciales

Ecologistas en Acción considera que la suspensión obtenida resulta el paso previo imprescindible para que las Consejerías competentes en materia de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y en materia de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, "reconsideren y revisen la Autorización Ambiental Unificada otorgada".

Los ecologistas se movilizan contra la reapertura de la mina de Aznalcóllar en el 26 aniversario de la catástrofe

El proyecto de Minera Los Frailes lleva más de un lustro enredado entre concesiones de la adjudicación de los derechos mineros, juicios impulsados por las ONG ecologistas, llamadas de atención de organismos como la UNESCO, y las preceptivas autorizaciones ambientales y de vertidos, mucho más duras a raíz precisamente de la conocida como catástrofe de Aznalcóllar.