MINAS

La Junta "relativiza la suspensión" de la autorización ambiental de la mina de Aznalcóllar, que frena su apertura

Paradela pasa la pelota a la Sostenibilidad para que esta Consejería analice y resuelva el recurso de Ecologistas en acción

Zona minera de Aznalcollar, en una imagen de archivo.

Zona minera de Aznalcollar, en una imagen de archivo. / FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

Victoria Flores

Victoria Flores

Desde la Junta de Andalucía "relativizan la importancia" de la suspensión de la autorización ambiental de la mina de Aznalcóllar. El Gobierno de Juanma Moreno ha recordado este martes que "en ningún momento ha sido cancelada" la documentación y que la reapertura de la mina "continúa"

Este lunes, Ecologistas en Acción dio por suspendida la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la reapertura de explotación minera por imperativo legal. La organización había presentado un recurso de alzado contra la autorización ambiental, concedida por el Gobierno en agosto, en la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. En su denuncia, la ONG señalaba "las graves irregularidades legales" que había cometido la Junta al otorgar este documento. Un mes después de su presentación, esta no había sido respondida, por lo que ha quedado "suspendida por imperativo legal", según el artículo 117.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo si no se produce esa contestación el plazo estipulado.

Desde la propia Consejería de Sostenibilidad defendieron que "esta suspensión es temporal y no implica una cancelación definitiva de la Autorización Ambiental Unificada". "Una vez que el recurso sea debidamente evaluado y resuelto por los servicios competentes, se procederá según lo que determinen los servicios jurídicos de la Consejería", confirmaron desde la cartera dirigida por Catalina García.

La suspensión es "temporal"

Ahora, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha pasado la pelota de la responsabilidad de la autorización a Sostenibilidad. A preguntas de los periodistas, el titular de minas ha puntualizado que las competencias de su Consejería se reducen a "los proyectos de explotación y de restauración", que continúan su recorrido por lo que están en periodo de "las nuevas alegaciones de los grupos de interés en este trámite de audiencia".

Aun así, ha defendido en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de que "se trata de una suspensión que es temporal" y que "no implica una cancelación definitiva". Por ello, ha señalado que una vez que "el recurso sea analizado y resuelto, se actuará" en consecuencia. "Es más un contratiempo que algo con mayores consecuencias. Todo continua", ha añadido el consejero de Industria.

Paradela ha indicado que este recurso interpuesto por Ecologistas "tiene un efecto inmediato de suspensión momentánea". En estos momentos, el Gobierno andaluz está "en trámite de audiencia y se está preparando la contestación" al recurso administrativo. Por ello, ha reiterado que es "temporal" y que confían en la "apertura de la mina".

No prevén "nuevas consecuencias"

"En ningún momento ha sido cancelada", ha insistido el consejero del ramo. De hecho, Paradela ha rechazado que puedan aparecer nuevas exigencias a la empresa responsable del proyecto, Minera Los Frailes (participada por Grupo México), y ha explicado que desde la Junta de Andalucía no prevén "otras consecuencias". El consejero ha querido así "respaldar el rigor y la solvencia de los procedimientos técnicos detrás de la Autorización Ambiental Unificada", algo que ha repetido en varias ocasiones.

Según ha defendido el responsable de Industria, "los proyectos mineros son los de tramitación más compleja". Así, ha explicado que para autorizar "solo lo relativo al agua", se tarda un año y medio y que, en general han hecho falta alrededor de dos años de trámites previos porque "es un proyecto absolutamente minucioso". Además, ha puntualizado que "están sometidos a periodos de información pública y que son siempre procedimientos licitatorios elaborados". "Es el proyecto más complejo", ha argumentado.

Para respaldar la viabilidad del plan, Paradela ha subrayado que no sería posible llevar a cabo "un proyecto que no cumpla la legalidad vigente" y ha defendido "la cantidad de análisis previos a que se realice el vertido". Entre los exámenes que tiene que pasar ha querido poner sobre la mesa "las 1.500 analíticas antes de empezar a verter en tres puntos diferentes del proyecto diariamente".