Las ciudades históricas buscan soluciones al impacto visual de los paneles solares

Las placas solares se expanden a velocidad de vértigo en Andalucía. El alza de la factura de la luz y el abaratamiento de las instalaciones fotovoltaicas han empujado a decenas de miles de andaluces a optar por el autoconsumo y desengancharse del oligopolio eléctrico. A finales de 2023 ya estaban registrados en la comunidad autónoma casi 114.000 dispositivos de autoconsumo, 44 veces más que el último lustro, según datos oficiales facilitados por la Consejería de Industria. Pero ojo: no todos los ciudadanos tienen en su mano modificar su fuente de energía. Las placas solares constituyen una alternativa limpia y sostenible, pero provocan un impacto visual considerable en los cascos históricos, muchos de ellos protegidos por normativas municipales restrictivas.

Granada, Córdoba, Jerez, Sevilla o Baeza tratan de arbitrar soluciones que conjuguen la preservación de sus conjuntos históricos con el derecho de sus vecinos a abastecerse de fuentes energéticas baratas y renovables. La casuística es diversa y las respuestas municipales varían desde la limitación absoluta a cierta flexibilidad según la ubicación y la perturbación paisajística que generen los paneles fotovoltaicos.

Ordenanza municipal en Granada

Granada cuenta con una ordenanza municipal destinada a “impedir la desfiguración de la perspectiva del paisaje” y garantizar la “preservación y protección de los edificios, conjuntos, entornos y paisajes catalogados”. Y confía en el área de planificación urbanística del Ayuntamiento la competencia para verificar la “adecuación de las instalaciones a las normas” y valorar su “integración arquitectónica”.

La ordenanza, sin embargo, deja fuera al conjunto monumental de la Alhambra, el Albaicín, el Sacromonte y el centro histórico, que cuentan con planes especiales en los cuales deberá sustanciarse un protocolo de actuación respecto a las placas solares. Sobre el terreno, colocar paneles de autoconsumo energético en estas zonas protegidas es prácticamente imposible. “En el Albaicín está prohibido tajantemente colocarlos”, asegura José Bigorra, vocal de la junta directiva de la asociación de vecinos del barrio.

Hay excepciones. Pero contadas con los dedos de una mano. “Son tolerados donde no afecten a la contemplación del paisaje, pero se autorizan muy pocos en zonas ocultas a la visión desde la Alhambra”, puntualiza. El Albaicín es un barrio histórico frente al gran palacio nazarí, dotado de una tipología arquitectónica bastante homogénea y declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994. Construido sobre una colina, sus tejados configuran una estampa única perfectamente visible desde la Alhambra. Ese paisaje singular es el que se pretende proteger con el marco normativo municipal.

La situación de Albaicín

Los vecinos tienen asumido que viven en un tesoro arquitectónico único sometido a innumerables restricciones. “Esta es una limitación más”, admite con naturalidad Bigorra, arquitecto jubilado con 35 años de residencia en el Albaicín. “Es un barrio incómodo para envejecer. Hay muchas cuestas, la calle está empedrada y no tenemos tiendas. Pero estoy muy a gusto aquí”, proclama.

El distrito llegó a tener casi 30.000 habitantes a mediados del siglo pasado. Hoy apenas alcanza las 7.700 personas, buena parte de ellas extranjeras. Muchos reclaman su derecho a disponer de una fuente energética barata, renovable y propia, ahora que la tecnología permite instalar dispositivos en la azotea a buen precio. De hecho, un grupo de vecinos se han organizado para fundar una comunidad energética, cuyos paneles se colocarán en un polideportivo fuera del área de protección urbanística.

Esa es una de las soluciones que barajan los expertos para garantizar el derecho a una fuente eléctrica sostenible de los habitantes de los conjuntos históricos sin degradar el paisaje urbano. Icomos, la organización internacional asesora de la Unesco, ya la recomendó en la Guía de Buenas Prácticas que publicó en noviembre de 2022 para intentar ordenar el caótico panorama normativo de las ciudades históricas tras la irrupción masiva de los dispositivos de autoconsumo eléctrico.

“Para evitar la proliferación de instalaciones aisladas se desea hacer referencia a comunidades energéticas utilizando cubiertas de edificios o suelo público”, recoge el documento que sirve de referencia para los ayuntamientos de ciudades históricas de toda España. Icomos es consciente del derecho ciudadano al autoconsumo eléctrico y, en su opinión, “no parece razonable negar al propietario de un edificio con protección patrimonial el acceso a las energías renovables”. Aunque también advierte del “inevitable impacto visual” de los paneles solares y, por tanto, anima a tomar medidas cautelares para evitar la degradación paisajística de los conjuntos históricos.

En el informe, de 68 páginas, recuerda la obligatoriedad de efectuar una Evaluación de Impacto Patrimonial (EIP) cuando la instalación de placas solares afecte a “bienes de la lista del Patrimonio Mundial o su zona de amortiguamiento”. En el caso de los bienes de interés cultural (BIC), la realización del EIP es, según Icomos, “muy recomendable”. Es decir, en edificios universales como la Mezquita de Córdoba, la Giralda y la Alhambra, y sus zonas de influencia, así como los conjuntos históricos declarados Patrimonio de la Humanidad, como el Albaicín, Úbeda, Baeza y la medina cordobesa están sujetos a la máxima protección en términos paisajísticos.

Conflicto vecinal en Córdoba

La pelota, sin embargo, está en el tejado de los ayuntamientos, en cuyas manos reside la competencia sobre la ordenación urbanística. Y no tienen una papeleta fácil. Córdoba, por ejemplo, arrastra un conflicto vecinal notable a cuenta de las placas solares. Se trata de un caso espinoso. Su conjunto histórico es uno de los más extensos de Europa, con 240 hectáreas y casi 30.000 habitantes. Un tercio de ese territorio, el que rodea a la Mezquita Catedral, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994, y la instalación de paneles fotovoltaicos aquí afrontaría serias restricciones.

Siete asociaciones de vecinos del casco histórico demandan desde hace años el derecho a dotarse de sistemas de autoconsumo y el Ayuntamiento se ha comprometido a realizar las modificaciones normativas necesarias para delimitar el marco regulatorio. La última reunión tuvo lugar hace poco más de mes y medio y el responsable de Urbanismo anunció que tenían ultimada una propuesta a punto de ser presentada ante la Consejería de Cultura, toda vez que exigiría la modificación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico (PEPCH), un instrumento normativo tutelado por la administración autonómica.

Tenemos el mismo derecho que cualquier vecino. Nos está costando un dineral no poder instalar placas solares

Guillermo Contreras

— Representante de la Asociación de Vecinos de la Axerquía

En líneas generales, el Ayuntamiento no permitirá la instalación de paneles que perturben el área de visión desde la torre de la Mezquita, el Alcázar y la Iglesia de San Lorenzo, según informa Guillermo Contreras, representante vecinal presente en la reunión. Los monumentos BIC y los edificios protegidos quedan fuera de este marco regulatorio. Sobre la zona Patrimonio de la Humanidad gravita cierta confusión. “Nosotros no entendimos que vaya a haber una prohibición absoluta”, aduce Contreras.

De partida, los vecinos exigen similar trato normativo al resto de los ciudadanos. “Tenemos el mismo derecho que cualquier vecino. Nos está costando un dineral no poder instalar placas solares”, protesta el representante de la Asociación de Vecinos de la Axerquía. En Córdoba hay 1.800 edificios catalogados. Y la idea del Ayuntamiento, según fuentes consultadas, es que los monumentos BIC y sus entornos dispongan de un nivel máximo de protección frente a los paneles solares. El entorno de un bien de interés cultural comprende un área de influencia de 50 metros a la redonda.

El caso de Baeza, Úbeda y Jerez

Sea cual sea la solución normativa, los cascos históricos de Córdoba y Sevilla ya han sido contaminados por multitud de elementos aéreos en los tejados y azoteas, la mayor parte de los cuales no disponen de autorización legal. Baeza y Úbeda, dos ciudades Patrimonio de la Humanidad desde 2003, presentan, en cambio, un paisaje de conjunto mucho más cuidado. En las 4,8 hectáreas protegidas de Baeza no hay instalado ni un solo panel fotovoltaico, según ha confirmado una arquitecta técnica municipal. Ya el Plan Especial del Casco Histórico de 1990 reguló la instalación de este tipo de dispositivos, que en “ningún caso superarán la altura total del edificio”. “En la práctica, es casi imposible colocar una placa solar”, subrayó la funcionaria contactada.

En Jerez, la normativa municipal se refiere expresamente a la colocación de placas solares en el casco antiguo donde obliga a someterse a un informe previo de la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico. El Ayuntamiento gaditano estaría poniendo “muchos inconvenientes” para ubicar paneles fotovoltaicos en los edificios del centro monumental, según indican fuentes de la Asociación del Casco Histórico Intramuros de Jerez. Los técnicos municipales recomiendan colocar las placas en paralelo a los tejados para minimizar el impacto visual, lo que en muchos casos reduce sustancialmente la eficacia de la captación solar.

Las comunidades energéticas ubicadas fuera de los cascos históricos se presentan como la alternativa más adecuada porque preserva el derecho ciudadano a una fuente energética propia sin alterar el paisaje aéreo de los conjuntos históricos. Y ese es el reto al que se enfrentan los ayuntamientos andaluces en los próximos años.