Dos años de cárcel por prevaricación y malversación más pago de 225.000 euros al dueño de Plantasur por ayudas en los ERE

El acuerdo ha sido alcanzado entre la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP-A y la defensa del único acusado en este procedimiento y el propio investigado

Audiencia de Sevilla. / E.P.

El Correo

El juicio por prevaricación y malversación en una pieza separada del caso ERE por las ayudas a la empresa Plantasur, previsto este lunes en la Audiencia de Sevilla, se ha saldado con un acuerdo de conformidad, con lo que ya son veinte las sentencias que ha dictado el tribunal en relación a estos procedimientos derivados de la referida macrocausa.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado de que este acuerdo ha sido alcanzado entre la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP-A y la defensa del único acusado en este procedimiento y el propio investigado, responsable de la empresa, que ha reconocido los hechos y se ha mostrado de acuerdo con las peticiones de pena planteadas.

Tras este acuerdo de conformidad, el tribunal de la Sección Primera ha dictado sentencia 'in voce' (de viva voz) en la propia sala y ha condenado al acusado como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, con la atenuante de dilaciones indebidas, a dos años de cárcel y cuatro años de inhabilitación absoluta. En concepto de responsabilidad civil deberá abonar 225.000 euros por la cuantía de la ayuda recibida por parte de la Junta de Andalucía.

La Sección Primera, igualmente, ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por un plazo de dos años, todo ello en una sentencia que se ha declarado ya firme al expresar las partes su voluntad de no recurrirla.

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Con la de este lunes son ya veinte las sentencias que ha dictado la Audiencia Provincial de Sevilla en relación a piezas separadas del caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), ha indicado el TSJA.

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