Tres de las cuatro depuradoras sancionadas con multas millonarias por incumplir la ley europea son andaluzas

En 2018, España tuvo que hacer frente a la multa europea más alta hasta la fecha por incumplimiento de la directiva de agua. Nueve municipios de más de 15.000 habitantes realizaban un tratamiento inadecuado de las aguas residuales, pese a que el plazo europeo para alcanzar en este ámbito el vertido cero era el año 2015.

Ya en 2024, cuatro futuras depuradoras continúan envueltas en un proceso sancionador, por el que a día de hoy se pagan tres millones semestrales. Todo ello, casi 90 millones de euros después, ya que a los 12 millones de la multa coercitiva, se unía la obligatoriedad de abonar 11 millones al semestre hasta que se fueran completando el mapa de la depuración en las condiciones que marca la ley.

El hallazgo de una factoría de salazón romana pone en espera la nueva depuradora de Barbate y Zahara

Tres de estas plantas de depuración son andaluzas: Barbate, Matalascañas y Alhaurín El Grande. La cuarta en discordia es una instalación en Canarias. Las otras estaciones multadas de la comunidad andaluza, Estepona, Tarifa, Nerja, Coín e Isla Cristina fueron finalizando sus obras, por lo que la cuantía de las sanciones económicas ha ido descendiendo progresivamente.

Las otras estaciones multadas de la comunidad andaluza, Estepona, Tarifa, Nerja, Coín e Isla Cristina fueron finalizando sus obras, por lo que la cuantía ha ido descendiendo progresivamente

Andalucía paga 1,2 millones anuales

Andalucía se libró de pagar por Tarifa porque su depuradora se terminó a finales de 2018, antes de finalizar el primer semestre posterior a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Hasta que se completaron las obras de Coín (segundo semestre de 2020) e Isla Cristina (enero de 2022), la comunidad andaluza estuvo pagando casi 2,2 millones al semestre. La cifra asciende ya a 16 millones de euros. Cantidad que irá aumentando inevitablemente, teniendo en cuenta que el plazo establecido para la apertura de la última de las infraestructuras multadas es 2028.

La multa aumentará en los próximos años, teniendo en cuenta que el plazo establecido para la apertura de la última de las infraestructuras multadas es 2028

En la actualidad, el Gobierno andaluz abona en torno a 634.000 euros al semestre por el incorrecto saneamiento de aguas en los municipios cuyas aguas tratará la futura depuradora malagueña de Alhaurín El Grande. El BOJA publicó el pasado viernes la orden de expropiación de los terrenos donde se ubicará la planta, casi 200 fincas. En los presupuestos andaluces, además, se ha reservado una partida para un posible inicio de obras el año que viene.

La maraña de las competencias en materia de depuración

Barbate y Matalascañas son obras declaradas de Interés General del Estado, por lo que la multa está siendo abonada por la administración central. La de Alhaurín El Grande, conocida en la provincia como la EDAR Málaga Norte, al formar parte del Acuerdo de Gobierno de 2010, en el que Andalucía marcaba la hoja de ruta de sus actuaciones de interés autonómico para cumplir con la ley europea, depende del Ejecutivo andaluz.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública emitió una resolución en 2020 por la que se repartían las responsabilidades entre las administraciones públicas. Aunque las competencias en este ámbito recaen en los ayuntamientos, el acuerdo de la Junta anteriormente mencionado, asociado a la norma andaluza del agua, fijaba un impuesto autonómico para sufragarlas, el cánon del agua.

La ejecución del canon del agua ha multiplicado casi por seis respecto al año 2018, según la Junta de Andalucía

De ahí que la administración autonómica esté obligada a auxiliar económica y técnicamente a las entidades locales que figuran en ese listado de actuaciones estratégicas con lo recaudado con un tributo que paga cada andaluz en su factura del agua. Según la Junta de Andalucía, la ejecución del canon del agua ha multiplicado casi por seis respecto al año 2018.

Retrasos por trámites ambientales y hallazgos arqueológicos

La construcción de este tipo de infraestructuras se topan con muchas trabas burocráticas, trámites ambientales, alegaciones de ecologistas y agricultores, o incluso hallazgos arqueológicos, como ha sido el caso de la estación de depuración de Barbate, que también dará servicio de Zahara de los Atunes.

La depuradora clave para Doñana se atasca de nuevo en los trámites ambientales

El proyecto de la planta de tratamiento onubense de Matalascañas, por ejemplo, situada a escasos dos kilómetros del Espacio Natural de Doñana, continúa inmersa en los procedimientos de evaluación ambiental, precisamente por ubicarse en una zona tan sensible a nivel ecológico, lo que supone infinitud de revisiones y propuestas para garantizar que no se daña la zona.

Esta medida corre cierta urgencia, además, no solo para cumplir los objetivos de calidad de agua, sino también para acabar con los recurrentes vertidos que han sufrido en los últimos años los vecinos del núcleo urbano.

Un horizonte de finalización de obras entre 2026-2027

Es una obra declarada de Interés del Estado, cuenta con un presupuesto de 29 millones de euros y se ha anunciado que se pondrá en servicio en 2026. El promotor del proyecto es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

En el caso de las actuaciones en la población gaditana, los restos romanos unas antiguas salazones paralizaron las obras, según informó la empresa impulsora, Acuaes, a este periódico el pasado mes de junio. Esta depuradora cuenta con un presupuesto similar a la onubense, casi 29 millones de euros. En principio, su finalización está prevista para febrero de 2026.

Un proyecto de más de 100 millones de euros con los vecinos en pie de guerra

Dos años más tarde estaría lista la de Alhaurín el Grande, que se ha topado con la oposición de los agricultores de cítricos de la Vega de Mestanza y los ecologistas como principal escollo para poder sacar adelante el proyecto.

Los vecinos han emprendido distintas acciones legales. El carácter estratégico de esta estación de depuración ha supuesto que tanto el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, como el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, se hayan reunido con los afectados hasta en dos ocasiones para tratar de poner fin a esta odisea.

Tras muchos años de trámites, la Consejería de Agricultura ha trabajado para rebajar el impacto ambiental del proyecto, ha mejorado su tecnología, ha impulsado el convenio con los municipios implicados y ya ha publicado la orden de expropiaciones de los terrenos.

Esta depuradora tratará las aguas residuales de Alhaurín de la Torre, Alhaurín El Grande, Cártama, Torremolinos y las nuevas áreas de desarrollo de Málaga capital. La futura EDAR Málaga Norte fue adjudicada a finales de 2021 a la unión de empresas la Aquambiente, Dinotec y Sando por 104 millones de euros y será gestionada por Emasa.