El PSOE-A reivindica en sus enmiendas el modelo de financiación de Montero en 2018 pero evita hablar de Cataluña

La dirección del PSOE de Andalucía ya tiene las enmiendas que la militancia andaluza ha aprobado para incorporar a la ponencia marco del 41º Congreso federal, que se celebra desde este viernes 29 y hasta el domingo 1 en Sevilla.

En las provincias ha habido un intenso debate acerca del modelo de financiación autonómica y el territorial aunque, en la plasmación de los textos, se ha evitado señalar directamente a Cataluña. A través de las federaciones provinciales y sus distintos delegados al cónclave, los afiliados han aprobado casi 1.900 enmiendas, según la información a la que ha tenido acceso este periódico, siendo Sevilla y Granada las provincias más activas en estos debates, y Almería y Córdoba las que menos aportaciones han registrado.

La dirección nacional del PSOE elaboró una ponencia marco, que sirve como base para los debates que se llevarán a cabo y posteriormente remitió su propuesta a las federaciones y estas han aprobado cientos de enmiendas sobre temas diversos, desde vivienda, igualdad o educación, entre otros.

En Andalucía, el grueso de las enmiendas se refieren a la reforma del sistema de financiación autonómica en las que piden introducir cambios en la propuesta inicial de Ferraz de cara a un congreso marcado por la situación derivada de la DANA en Valencia y por el señalamiento que el comisionista Víctor de Aldama ha hecho a nombres principales del Gobierno y el partido.

Entre estas enmiendas, la militancia socialista andaluza reivindica el acuerdo del Parlamento de Andalucía de 2018, impulsado por la entonces consejera de Hacienda María Jesús Montero, hoy vicepresidenta y responsable de estas competencias en el Gobierno de España. Entonces, el PP de Moreno se incorporó al acuerdo en el que fue su último año en la bancada de la oposición. Sólo Ciudadanos, hoy desaparecido del mapa político, votó en contra.

El menor de los problemas del PSOE en estos momentos se llama Juan Espadas

A grandes rasgos, los afiliados reclaman que el nuevo sistema garantice que la ciudadanía tenga acceso al mismo nivel de servicios públicos en todas las comunidades y con suficiencia financiera en cada autonomía para sostener estos servicios.

Desde las provincias plantean la revisión del concepto de habitante ajustado, para garantizar un cálculo más preciso del coste de los servicios públicos. Qué baremo ha de tenerse en cuenta en el reparto autonómico es un asunto mollar de un modelo que, con el actual diseño, perjudica especialmente a Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla La Mancha.

Asimismo, la ponencia federal ha recibido desde Andalucía aportaciones sobre el modelo territorial del país, con una defensa del federalismo europeísta que en el caso de España se define a partir de sus autonomías.

La militancia andaluza propine introducir en la Constitución como derechos fundamentales los sistemas públicos de salud, servicios sociales y seguridad social, como la educación

Además del modelo de financiación, las provincias han reflejado enmiendas relativas a la necesidad de introducir en la Constitución como derechos fundamentales los sistemas públicos de salud, servicios sociales y seguridad social, al igual que la educación. Asimismo, la militancia andaluza propone mantener la calificación de vivienda protegida de manera permanente y eliminar los mecanismos de descalificación para evitar su enajenación en el mercado libre.

Antes que Andalucía, Madrid, Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Galicia y Extremadura ya han remitieron sus aportaciones, también en su mayoría, enmiendas en las que piden introducir cambios a la propuesta de la dirección nacional sobre financiación autonómica.