Moreno se obliga por ley a pactar con patronal y sindicatos

Si hay algo de lo que presuma el Gobierno de la Junta de Andalucía es de su capacidad de dialogar y de llegar a acuerdos. A los miembros del Ejecutivo que dirige Juan Manuel Moreno se les llena la boca con la "vía andaluza", como ellos definen su política de pactos y este miércoles han querido convertirlo en una obligación. El Parlamento andaluz ha aprobado una ley que obliga a San Telmo a pactar con los sindicatos y la patronal.

Hace años que desde el Gobierno de Andalucía se cocina esta medida, pero no ha sido has ahora cuando ha podido ser aprobada. Han sido los votos del PP y el PSOE los que han permitido que esta nueva ley de Participación Institucional de Andalucía salga adelante pese al rechazo de Adelante Andalucía y Vox y la abstención de Por Andalucía.

Moreno alcanza un acuerdo con patronal y sindicatos para impulsar el diálogo social

"Elevamos el diálogo social al mayor rango posible", ha anunciado el presidente de la Junta en sus redes sociales. Moreno ha subrayado que la aprobación de esta norma es un "compromiso cumplido" y que su puesta en marcha supondrá "un gran paso adelante que beneficiará al conjunto de los andaluces, fruto del consenso con los agentes sociales". Con todo, el dirigente popular ha defendido que esta es "la vía andaluza" de la que tanto presume.

La norma busca "institucionalizar" el papel de los agentes sociales

La medida ya había sido aprobada en el Consejo de Gobierno y busca "institucionalizar" el diálogo social y da a los UGT, CCOO y la CEA el papel de interlocutores con la Junta de forma oficial. De esta forma, la ley reconoce el papel que ejercen los agentes sociales en la vida política de la comunidad autónoma. Con su aprobación, Andalucía se suma a la mayoría de comunidades que ya había regulado su participación institucional.

Los agentes sociales tendrán acceso así, de forma previa, a los anteproyectos de ley, podrán proponer directrices o líneas de actuación o proponer a la Junta la adopción de iniciativas legislativas. Esta participación en la vida pública incluye también una serie de subvenciones en compensación por "la participación institucional". La norma deja claro en su articulado que la cantidad que reciban los sindicatos y la patronal, que deben pedir de forma anual, debe ser la misma.

En el PSOE han dado la bienvenida a los populares al "diálogo social". Aunque sus enmiendas no han sido aceptadas, la diputada Irene García ha explicado que su formación se ha tomado "muy en serio" esta ley "partiendo de la voluntad de acuerdo". "El diálogo social tiene un valor fundamental para los socialistas y lo hemos defendido siempre respetando el papel de los empresarios y los sindicatos", ha apuntado.

La diputada popular Jessica Trujillo ha señalado que gracias a esta nueva norma, los agentes sociales "van a tener mayor capacidad de decisión en la acción de gobierno, y esto es indiscutiblemente bueno para nuestra democracia". "Van a ocupar el lugar y la posición que constitucional y estatutariamente les corresponde", ha explicado la representante del PP ante la mirada de los dirigentes de UGT, CCOO y la CEA.

Vox denuncia a los sindicatos

"Perdemos una oportunidad muy interesante de haber completado el marco del desarrollo de la participación institucional", ha lamentado la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto. En una línea similar, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García ha votado en contra de la medida al considerarla una "trampa" y "excluyente".

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Como suele ser habitual en los últimos plenos, el debate no ha estado exento de polémicas. Desde Vox han cargado contra los sindicatos y han acusado al Gobierno andaluz de "obligar a pagar por ley lo que previamente estos sindicatos les robaron y que ahora están condenados a devolver". Tras la intervención, el portavoz de andalucista ha pedido que se retiraran los insultos de la formación de ultraderecha hacia los sindicatos. "Se han dicho barbaridades", ha denunciado. Sin embargo, la vicepresidenta del Parlamento, Ana Mestre, lo ha rechazado porque "apelaba a sentencias judiciales y hablaba en pasado", por lo que, en su opinión "no ha insultado de manera directa".