La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de entre 7 y 5 años de cárcel y multas de 50 millones de euros para cinco antiguos responsables de UGT-A, entre ellos su ex secretario general Francisco Fernández Sevilla, por los delitos de fraude en subvenciones y otro de falsedad en documento mercantil.
El Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla procesó el pasado 3 de diciembre a parte de la antigua cúpula andaluza del sindicato por presuntamente defraudar 40,7 millones de euros procedentes de subvenciones públicas, cuyo destino eran cursos de formación, y archivó la causa contra otro ex secretario general, Manuel Pastrana, por razones médicas.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, el Ministerio Público también pide tres años de prisión para nueve proveedores de UGT a los que considera cooperadores necesarios del sindicato para la comisión de los dos delitos.
