Así será la nueva política de aguas en Andalucía

La declaración de intenciones del presidente andaluz en su investidura abre el grifo a más regadíos y olvida el papel protagonista del agua para el medio ambiente.

Así será la nueva política de aguas en Andalucía

Así será la nueva política de aguas en Andalucía / Ricardo Gamaza

Ricardo Gamaza

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quiere que su nuevo ciclo político el agua para la agricultura sea prioritaria. Entre los 60 anuncios del discurso de investidura de Juanma Moreno aparece, dentro de su revolución verde, un ‘Plan Andaluz de Aguas Regeneradas de Andalucía’ para uso agrario, turístico e industrial, mediante nuevas infraestructuras hidráulicas que permitan alcanzar la generación de 100 hectómetros cúbicos de nuevos recursos hídricos. Además, esta ‘revolución’ se hará sin contar con el canon del agua que pagan los usuarios en el recibo para sufragar la construcción de depuradoras y pequeñas inversiones de abastecimiento. Una decisión que según el presidente andaluz permitirá rebajar una media de 40 euros la factura del agua y un ahorro global estimado de 140 millones de euros para las familias y las empresas.

Desde sectores conservacionistas y expertos de académicos advierten que Andalucía está expedientada por la unión europea y la supresión del canon de mejora no va ayudar a mejorar la contaminación que sufren nuestros ríos y nuestro litoral por la ausencia de este tipo de infraestructura.

Juanma Moreno para su revolución hidráulica ha decidido que la consejería encargada de ejecutar su proyecto se denomine “Agricultura, Pesca, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural” en lugar de poner las competencias andaluzas del agua bajo la tutela de la que siempre ha sido -en tiempos anteriores a los gobiernos del PP- su espacio político natural: la Consejería de Medio Ambiente. Al integrar el agua en Agricultura y desligarla de Medio Ambiente se prioriza el agua como elemento productivo agrario a costa del abandono de su función ambiental.

En este sentido, es toda una declaración de intenciones a favor de lo agrario y del viejo modelo expansionista hidráulico, en el que más del 80% del agua se destina a regadíos. Las proclamas de nuevos regadíos no se han hecho esperar y en Córdoba las organizaciones agrarias exigen ya unas 150.000 nuevas hectáreas de riego.

Esto sucede en un contextos además de una de las más graves sequías de la historia. Desde la gran sequía de 1991 no había unos datos de escasez de agua tan alarmantes como los de la actualidad. En esa sequía de hace 30 años hasta 12 millones de personas sufrieron restricciones.

El pasado lunes la asociación de operadores públicos del agua, AEOPAS, mandó una carta al presidente felicitándole por su nombramiento como presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En esa misiva le proponen mantener una reunión para tratar urgentemente el tema de los efectos de la sequía.

AEOPAS ve de vital importancia hacer planes de inversión con el objeto de reducir las pérdidas de red en los municipios menores de 20.000 habitantes, pero también llevar a cabo acciones de protección de nuestros acuíferos, muchos de ellos en riesgo de contaminación o sobreexplotación. Realizar las interconexiones a infraestructuras existentes para hacer una distribución más adecuada de los recursos hídricos. Llevar a cabo la ordenación de usos del agua. Elaborar planes de sequía en todos los municipios y no sólo en los de más de 10.000 habitantes, tal como señala la actual Ley de Aguas de Andalucía, ya que la sequía afecta por igual o más a este tipo de núcleos. Finalmente, la asociación de operadores públicos de agua consideran oportuno cumplir y acelerar las medidas contempladas en los diferentes convenios que las Administraciones Públicas tienen en materia hídrica, que de haberse ejecutado, hubieran solucionado muchos de los problemas que se otean en la actualidad.

En la Provincia de Sevilla, existen problemas de suministro en El Castillo de las Guardas, Casariche, Aguadulce-Pedrera, El Real de la Jara, Coripe y Guadalcanal. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha declarado, en plena ola de calor, que el agua de los grifos no es apta para el consumo humano el agua en el municipio sevillano de Guadalcanal, tras confirmarse niveles superiores a los límites normativos permitidos en los parámetros de turbidez y color. Para paliar esta grave situación la la Diputación de Sevilla ha impulsado un programa de obras de emergencia frente a la sequía dotado con diez millones.

Seguimos mirando al cielo y esperando que las lluvias aparezcan en otoño de lo contrario muchos de los pueblos entraran en crisis hídrica. En su carta AEOPAS señala que “es oportuno cumplir y acelerar las medidas contempladas en los diferentes convenios que las Administraciones Públicas tienen en materia hídrica, que de haberse ejecutado, hubieran solucionado muchos de los problemas que se otean en la actualidad”. El caso de Sevilla es paradigmático en ese sentido. Existen obras conveniadas que hubieran hecho innecesario las obras de emergencia programadas y las nuevas que se tendrán que realizar si no llueve este otoño.

En diciembre del 2008 la extinta Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente contó con un stand compartido con el Consorcio de Aguas de Sevilla en la séptima muestra provincial 'Sevilla son sus pueblos', que se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes). En un comunicado, la Consejería de Medio Ambiente indicaba que, durante el desarrollo de la muestra, los visitantes podrían conocer el proyecto provincial de gestión coordinada del agua que el Consorcio de Aguas de Sevilla estaba promoviendo para toda la provincia y que contaba con el respaldo de la Diputación Provincial y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Este respaldo se hizo efectivo con la firma del convenio de colaboración firmado con la Agencia Andaluza del Agua en 2006, cuyo objetivo era la mejora de la gestión integral del agua en la provincia y que incluía obras por valor de más de 581 millones de euros, con el fin de garantizar y mejorar la calidad de los servicios de agua y homogeneizar la prestación de estos servicios para todos los habitantes de la provincia. A día de hoy el convenio sigue vigente y sin ejecutarse y está abandonado en el despacho de algún funcionario de la Junta de Andalucía, lo que condena a la provincia sevillana a seguir mirando al cielo para que solución venga en forma de nube.