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Excavación de una fosa común. / El Correo
Los descendientes y familiares de los represaliados en siete fosas comunes de la guerra civil podrán recuperar y honrar sus restos. El BOJA del jueves publicó la orden de la Consejería de Cultura que autoriza la búsqueda de dos fosas comunes en la provincia de Córdoba y la exhumación de tres más en Álora (Málaga).
La Dirección General de Memoria Democrática buscará así a los desaparecidos cuyos restos están el las fosas de los municipios de Monturque, en Córdoba, y Colmenar, en Málaga, además de los de Álora.
En Monturque se han celebrado ya varias reuniones con familiares, ayuntamiento, equipo técnico y propietarios de los terrenos en los que se ubican las fosas. Se han detectado tres enterramientos que podrían albergar una treintena de cuerpos. Las actuaciones comenzarán en unos días.
En Álora y en Colmenar también se han mantenido reuniones con los familiares, los ayuntamientos y los equipos técnicos, y lo trabajos se iniciarán en breve.
En Álora se trabajará en tres fosas y no hay una estimación del número de víctimas, pero se presume elevado. En Colmenar los testimonios hablan de 25 víctimas, pero será el trabajo arqueológico el la fosa el que los cuente finalmente.
Estas tres intervenciones se unen a otras que se van a desarrollar o continuar también de forma inminente: Camas, Guadalcanal y Palomares del Río en la provincia de Sevilla y en Castro del Río (Córdoba).
La Junta de Andalucía explica que promueve desde hace más de 15 años la reparación a las víctimas y sus familiares. Uno de sus últimos gestos fue la redacción de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, aprobada el 15 de marzo en el Parlamento y que se hace eco de las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de memoria histórica y de la legislación internacional en Derechos Humanos.
Esta ley amplía la consideración de víctima, incluyendo a los colectivos que padecieron persecución o violencia, a las familias de las víctimas directas y los niños o niñas robados.
Asimismo, también amplía el plazo de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, desde la proclamación de la II República (14 de abril de 1931) hasta el 11 de enero de 1982, para incluir a quienes lucharon en Andalucía por la autonomía plena.
Además, prohíbe la exhibición de simbología fascista y franquista y apuesta por su eliminación por parte de las instituciones.