El auge de las ‘Comunidades Azules’ en el sur

En el año 2010 la ONU declaró el acceso al agua como un derecho humano esencial. Desde antes la privatización del agua en Andalucía y España había seguido un largo recorrido logrando someter a casi la mitad de la población andaluza a los designios de las tres grandes multinacionales que controlan el agua en todo el territorio nacional: Aqualia, el Grupo Suez y Acciona. Aunque las grandes empresas privadas sostienen que el nuevo negocio del agua es compatible con la defensa del derecho humano, la realidad dista mucho de darles la razón: cortes de agua, despidos en las que hasta entonces eran empresas públicas, falta de transparencia... Por eso la declaración de la ONU supuso un hito.

Con Cristina Narbona de ministra de Medio Ambiente en el Gobierno central, España se posicionó e implicó en el proceso de esta declaración que acabó con 122 países que votaron a favor y 41 abstenciones. Pese a la presión de los lobbies del agua, vinculados a las grandes constructoras e inmobiliarias transnacionales en muchos casos, ningún país tuvo valor para votar en contra de esta declaración del agua como derecho humano.

Esta semana ese movimiento internacional en defensa del agua pública, el único modelo de gestión que garantiza ese derecho humano, ha dado un nuevo paso al frente en España nombrando a la Asociación Española de Operadores de Agua Pública (Aeopas) embajadora de las Comunidades Azules.

El Proyecto Comunidades Azules fue creado por el Consejo de Canadienses y el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) para dar a los municipios herramientas que les permitiesen tener una visión alternativa para el agua, basada en los principios del agua como un bien común y como derecho humano. Los municipios que se convierten en Comunidades Azules adoptan de esta manera resoluciones para reconocer el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos y desarrollan compromisos para mantener sus servicios de agua y saneamiento públicos. También se comprometen a la eliminación progresiva de la venta de agua embotellada en instalaciones y eventos municipales y a promover el agua del grifo en su lugar.

En Canadá, donde nace este movimiento, en la actualidad hay más de 30 Comunidades Azules. En 2013, Berna (Suiza) se convirtió en la primera Comunidad Azul que se creaba fuera de las fronteras de Canadá. Le siguieron ciudades como París y Berlín, que se han convertido en las Comunidades Azules más grandes del mundo; y continúan los esfuerzos para ver nacer nuevas Comunidades Azules en Alemania, Grecia e Irlanda.

En los últimos años, otras instituciones también se han sumado al proyecto Comunidades Azules, incluyendo instituciones universitarias y organizaciones eclesiales, como el Consejo Mundial de Iglesias, que representa a las congregaciones cristianas en 155 países. Para las universidades que se unen a la campaña, significa un mayor compromiso con la investigación de los problemas del agua desde una perspectiva de interés público.

Por otra parte, en el Estado español se han desarrollado iniciativas con objetivos similares a los de Comunidades Azules, como es el caso del proyecto Progrifo, impulsado por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), que reivindica el uso de agua de grifo, y en el que ya han participado varios operadores públicos (Giahsa, Emacsa-Córdoba, Medina Global, Aguas de Cádiz, Promedio-Badajoz) y ayuntamientos (Zaragoza).

Con este antecedente tanto Aeopas como la Red Agua Pública han considerado la conveniencia y oportunidad de apoyar el proyecto Comunidades Azules, en tanto que sus objetivos son plenamente coincidentes con reivindicaciones de los operadores públicos y de los movimientos sociales por la gestión pública del agua.

De esta forma, el pasado jueves, Aeopas y la Red Agua Pública, en colaboración con Comisiones Obreras, organizaron una jornada de trabajo sobre el proyecto Comunidades Azules en Madrid, con el objetivo de impulsarlo en el Estado español, a la que tuvo acceso en exclusiva Ecoperiodismo. La citada jornada, que contó con la asistencia de Maude Barlow, presidenta del Council of Canadians, y de Meera Karunananthan, responsable del proyecto Comunidades Azules, sirvió para poner sobre la mesa las experiencias Progrifo que se están desarrollando en la ciudad de Cádiz a través del presidente de la empresa pública Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente.

La empresa municipal de Cádiz lleva a cabo repartos sistemáticos de botellas de cristal de la campaña Progrifo a los vecinos; se han instalado fuentes dispensadoras de agua conectadas a la red de abastecimiento público en las dependencias municipales. El Ayuntamiento gaditano cuenta ya también con las botellas y decantadores de cristal de un litro para su uso en las sesiones de plenos, en las juntas locales de gobierno, ruedas de prensa o cualquier acto público.

La empresa municipal Aguas de Cádiz es tal vez el mejor ejemplo de Comunidad Azul de Andalucía llegando incluso a adelantarse a algunas de las medidas que propone la Junta de Andalucía en el proyecto de Ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada que se acaba de aprobar en Consejo de Gobierno, en donde el acceso gratuito al agua potable es una de las medidas básicas.

En esa futura norma se establece que «en los establecimientos de restauración se ofrecerá siempre a los clientes la posibilidad de un recipiente con agua fresca y los vasos para su consumo, de forma gratuita y complementaria a la oferta del propio establecimiento», algo que ya ha propuesto Aguas de Cádiz a través de su campaña Progrifo, a la que se han acogido ya más de 80 bares y restaurantes de la capital gaditana, a los que se les ha entregado decantadores de cristal promocionales.

Cádiz, como Córdoba o Sevilla, tiene aprobado un mínimo vital de agua –estimado en cien litros por persona y día– que permite subvencionar a las personas o familias en exclusión social el pago de los conceptos bonificables de la factura durante un periodo inicial de 12 meses revisable a los seis, a partir de la fecha de aprobación de la ayuda solicitada.

Aunque los progrifos nacieron en Andalucía, más concretamente en Córdoba de la mano de su empresa municipal de aguas, ya se han extendido por ciudades como Badajoz o Zaragoza. La concejala maña de Medio Ambiente, Teresa Artigas, puso en valor la gestión del agua que realiza el Ayuntamiento de Zaragoza y, en concreto, las acciones de la campaña En Zaragoza, mejor del grifo, donde la iniciativa estará dirigida no sólo a familias e instituciones, sino que el consistorio buscará implicar a los empresarios de la hostelería, la restauración y el turismo, para que se fomente el consumo de agua en sus negocios, por ejemplo, generalizando el uso de jarras en el menú del día.