Juicio de los ERE

El ‘chófer de la coca’ ratifica que usó dinero público para comprar cocaína

El caso se retoma tras la suspensión del juicio al conocido como el ‘chófer de la coca’ en el mes de septiembre de 2022 por la renuncia del abogado de una empresa implicada en el caso.

08 ene 2024 / 08:19 h - Actualizado: 08 ene 2024 / 12:59 h.
"Juicio de los ERE"
  • Llegada a la Audiencia Provincial de Juan Francisco Trujillo, exchófer del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero. María José López / Europa Press
    Llegada a la Audiencia Provincial de Juan Francisco Trujillo, exchófer del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero. María José López / Europa Press

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha comenzado este lunes el juicio de la pieza separada de la macrocausa de las ayudas autonómicas para expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y subvenciones arbitrarias, correspondiente a los casi 1,5 millones de euros concedidos por el que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero a su exchófer Juan Francisco Trujillo, toda vez que parte del dinero habría sido supuestamente destinado a cocaína, copas y antigüedades.

Durante la fase de cuestiones previas de la vista, Juan Francisco Trujillo, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros; ha solicitado renunciar a su actual abogado defensor y que le sea designado otro de oficio.

El acusado ha manifestado que no se siente «bien atendido» por su actual abogado defensor, José Manuel Sánchez y que no tiene «confianza» en él, de cara a este juicio.


El exchófer del director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Javier Guerrero, Juan Francisco Trujillo, ha admitido este lunes en el juicio por una de las piezas separadas de los ERE que usó parte de los 900.000 euros de dinero público que recibió de su jefe para cocaína y copas.

El chófer ha ratificado ante el tribunal que le juzga en la Audiencia de Sevilla las declaraciones que hizo en 2011 y 2012 ante la policía y la juez que comenzó la instrucción del caso ERE, Mercedes Alaya.

Tras intentar renunciar a su abogado al comienzo del juicio, lo que ha rechazado el tribunal, el acusado ha dicho que sigue siendo «culpable» de los delitos de prevaricación y malversación, por los que la Fiscalía Anticorrupción le pide una indemnización de casi 1,5 millones de euros y una pena de 14 años de prisión y 30 de inhabilitación.

Durante el juicio celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Sevilla, el acusado se ha reafirmado en la declaración que hizo el 15 de diciembre de 2011 ante la Policía Judicial de Andújar (Jaén), en la que reconoció que había recibido dos subvenciones de 450.000 euros cada una por parte de la Dirección General de Trabajo.

De esa forma, ha vuelto a confirmar que destinó los fondos públicos entregados por el director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, fallecido en 2020, a cocaína, copas, fiestas, un piso y en terrenos.

Precisó que llegó a gastar unos 20.000 euros diarios y a consumir cada uno más de cinco gramos diarios de cocaína, y también que dedicó dinero a copas y a comprar fincas, un piso y regalos.

De igual forma, reveló haber realizado alguno de estos regalos a Guerrero, aunque esta versión siempre fue negada por el ex director general de Trabajo.

Junto a él se han sentado en el banquillo de los acusados Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia, e Isidoro Ruz Espigares, el administrador de una de las empresas del exchófer, así como la mujer del conductor, acusada como beneficiaria a título lucrativo de las ayudas de su marido.

El chófer también ha reconocido que prestó 24.000 euros a su mujer, a la que el acusado ha querido eximir de cualquier delito porque aseguró que ella le devolvió el dinero tras hipotecar la casa, versión que ha mantenido la mujer.

Antes de sus declaraciones, Trujillo ha solicitado la renuncia de su abogado, José Manuel Sánchez, porque no se sentía “bien atendido en las valoraciones que han mantenido ni en las valoraciones con la fiscalía”.

Ha asegurado no tener confianza en su defensa y no sentirse “representado”.

La petición ha sido rechazada por el Ministerio Fiscal, que ha añadido que el acusado ya tenía conocimiento de quién ejercería su defensa, y la juez ha decidido rechazar su solicitud.