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La consejera Adelaida de la Calle, entre el delegado del Gobierno y el ministro Íñigo Méndez de Vigo. / El Correo
El enfrentamiento entre el Ministerio de Educación y el Gobierno andaluz por la negativa de este último a realizar la prueba externa de evaluación a alumnos de 6º de Primaria se ha recrudecido en plena campaña electoral, y se encamina irremisiblemente hacia los tribunales. El requerimiento que el Ministerio ha remitido esta semana a la Consejería de Educación acusa directamente a esta administración del «incumplimiento a sabiendas» de la ley estatal, impidiendo a las familias «obtener una información relevante» sobre el nivel académico de sus hijos y los objetivos logrados al final del curso.
El requerimiento es una figura administrativa, un aviso previo a la interposición de un recurso contencioso administrativo en los tribunales, extremo que el Gobierno central prevé adoptar «en el plazo de un mes» si la Junta persiste en su negativa a ejecutar las llamadas reválidas. En todo caso, el Ministerio de Educación no puede acometer ninguna acción judicial hasta que finalice el curso escolar, a finales de junio, fecha tope que tienen las comunidades para ordenar que se realice el examen final en los colegios de Primaria, advierten fuentes del ministerio.
El departamento que dirige el ministro Íñigo Méndez de Vigo recuerda a la consejería que «es una obligación del Estado velar por el cumplimiento de la ley». La consejera Adelaida de la Calle anunció esta semana en el Parlamento que había recibido el segundo requerimiento del ministerio, instándole a «corregir» la fórmula alternativa que ha diseñado Andalucía para evitar hacer la reválida. Se trata de un informe individualizado para cada alumno de 6º de Primaria, que servirá para evaluar su nivel en competencias lingüísticas, matemáticas y ciencias al final del curso y de la etapa. Ese informe será supervisado por una comisión externa, pero lo realizarán los maestros del propio alumno, basándose en el esquema de evaluación continua a lo largo del año, y no exclusivamente en un examen final.
El modelo alternativo andaluz, que también comparten otras seis comunidades gobernadas por el PSOE, fue plasmado en unas instrucciones de la Consejería de Educación remitidas a todos los colegios el pasado 16 de mayo. El requerimiento del ministerio, fechado el 27 de mayo y firmado por el secretario de Estado de Educación, analiza y cuestiona esas instrucciones. Advierte de que la fórmula andaluza «no establece la aplicación de ninguna prueba específica» de evaluación final de etapa ni propone «un modelo de prueba elaborado por la Administración educativa». El ministerio constata que la Junta de Andalucía sólo ha regulado la entrega al alumnado de un informe final que recoge el resultado de la evaluación continua y no los resultados de la prueba específica, y esto, a su juicio, «no tiene el valor de evaluación externa», lo cual supone un «incumplimiento» del Real Decreto que regula estas pruebas y, por extensión, de la propia ley educativa (Lomce).
Final de curso
A pesar de las advertencias, la Junta persiste en su negativa a realizar la reválida de Primaria, y recuerda que la norma que regula estas pruebas han sido recurridas por el Gobierno andaluz ante el Tribunal Supremo, así como la propia Lomce, contra la que se interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional. De la Calle considera que las cartas del ministerio son una medida de presión electoralista. No es la única misiva que ha recibido la Junta. El pasado 18 de mayo, dos días después de que la consejería remitiera sus instrucciones a los colegios, la dirección general de la Alta Inspección Educativa, adscrita a la Delegación del Gobierno en Andalucía, remitió una carta a la consejera instándole a responder en el plazo de diez días las siguientes cuestiones: «confirmar la realización este curso de la evaluación individualizada a todos los alumnos de 6º de Primaria»; «confirmar que tal evaluación tendrá carácter censal» y «confirmar que dicha evaluación se realiza conforme a las características recogidas en el Real Decreto 1058/2015», que regula las pruebas.
La consejería respondió el pasado 2 de junio –confirmando que seguiría adelante con su prueba alternativa basada, dijo, en una «interpretación de la ley»– pero antes de obtener esta respuesta, el ministerio ya había analizado el modelo andaluz y enviado un segundo requerimiento. En este da un nuevo plazo, de un mes, para contestar y confirmar el cumplimiento de la prueba externa tal y como establece la norma estatal.